No me gusta pronunciarme sobre asuntos judiciales, menos aún cuando están en marcha y se tiene muy poca información. Pero en este caso siento que debo hacer una excepción. Después de todo, hace algún tiempo tuve una breve pero, quiero creer, fecunda interacción con Piedad Córdoba. Para ser más claros, yo fui uno de los primeros firmantes del grupo que después se conoció como "Colombian@s por la Paz" (en adelante CPP). Hace rato no tengo contacto ni con ella ni con el grupo (que se ha desarticulado bastante, por cierto), pero tal vez yo pueda aportar algo al debate que se viene.
Traté de leer el documento de la Procuraduría pero no pude leerlo en su totalidad. Es largo, farragoso y al cabo de un rato me convencí de que tiene varios problemas conceptuales. Como no soy abogado, lo que digo tal vez no tenga mucha solidez, pero aquí va.
Piedad Córdoba tiene interlocución con las FARC. Eso lo sabe todo el mundo. De por sí, eso no es ilegal. En Colombia muchos personajes de la vida pública tienen interlocución con las FARC.
La pregunta es si dónde está la frontera que separa la interlocución de la colaboración. No es una pregunta fácil de responder, pero por lo que he visto, el Procurador Ordoñez está tratando de generar más equívocos en vez de aclararlos. En lo que sigue voy a suponer, en aras de la discusión, que el Procurador tiene razón al afirmar que la persona mencionada en los documentos de las FARC es, en realidad, Piedad Córdoba. Me entero ahora que ella lo niega.
Al Procurador le llama muchísimo la atención, al punto de que lo utiliza como un punto central de su acusación, que Piedad Córdoba se entreviste con "Simón Trinidad" y con "Sonia" y que discuta el expediente de ellos con abogados. El Procurador presenta esto como si Piedad Córdoba estuviera prestándole servicios judiciales a las FARC.
No sé si es ingenuidad o mala fe lo que mueve al Procurador a esto. En las gestiones de liberación de secuestrados de aquella época era claro para cualquiera que se tomara la molestia de averiguarlo, que se buscaba que las liberaciones vinieran seguidas por concesiones para las FARC. Obvio. Dado que el objetivo era ir avanzando en un proceso de paz, lo lógico era que hubiera gestos de parte y parte. Uno de los gestos que se consideró en aquella época era obtener algún trato más favorable a "Simón Trinidad" y a "Sonia" por parte de las autoridades norteamericanas, inclusive, si era del caso, su retorno a Colombia.
Yo no soy Procurador, ni detective, ni periodista investigativo, pero tenía esto muy claro en aquella época. En ese sentido, es absurdo decir que Piedad Córdoba se estaba extralimitando en sus labores al indagar acerca de la situación de estos dos guerrilleros extraditados. Esa indagación era una parte central de la misión.
Se podrá argumentar que estoy usando una definición muy amplia de la gestión de paz, una definición no compartida por la Administración Uribe que era la que le había asignado esta tarea. Pero el asunto no es tan claro. En países en conflicto ocurre a veces que ciudadanos distintos al gobierno hagan gestiones de paz. Yo mismo hace algún tiempo estuve tratando de convencer a varios políticos de lanzar una iniciativa de paz independiente del gobierno, en vista de que la Administración Uribe no quería hacer absolutamente nada al respecto. No era una idea exótica. En Israel hace un tiempo algunos partidos de oposición se reunieron con facciones de Hamas y llegaron a los así llamados "Acuerdos de Ginebra." En Colombia un ciudadano de muy alto perfil hace un tiempo trató de entablar conversaciones con las FARC y con los grupos paramilitares no solo sin consultar con el gobierno sino con el claro entendimiento de que el objetivo era crear otro gobierno. ¿Su nombre? Juan Manuel Santos.
Entonces resulta un despropósito que el Procurador ahora ponga el grito en el cielo porque Piedad Córdoba estaba adelantando gestiones de paz que involucraban a otros gobiernos de la zona, que incluyeran la opción de, llegado el caso, convocar una Asamblea Constituyente y que tuvieran como paso inicial lograr ciertas concesiones judiciales para dos guerrilleros de alto perfil.
Hay un detalle que sí me pone a pensar. Según la acusación, Piedad Córdoba instó a las FARC a no enviar un video con pruebas de supervivencia, y que más bien enviaran una grabación. De ser cierto, esa me parece una conducta reprobable. Yo entiendo que sea necesario en un proceso de esta naturaleza calibrar todas las variables políticas pero no a expensas de acrecentar el dolor de las familias de los secuestrados.
¿Es Piedad Córdoba una colaboradora de las FARC? No lo sé. No tengo suficiente información. En mis interacciones con ella nunca me lo ha parecido. Es más, en algunas de esas interacciones yo era el único de los presentes que no pertenecía a su círculo de colaboradores. De modo que si Piedad me mintió, estaba montando un show con el único e irrisorio fin de impresionar a un simple ciudadano particular. Si se probara que Piedad Córdoba ha apoyado y facilitado los actos violentos de las FARC, merecería un duro castigo legal y yo me sumaría al grupo de los que la condenan. Pero hasta donde yo he visto, Piedad ha tratado de que su interlocución con las FARC sirva como puente para que ese grupo vuelva a la política y deje las armas. En su documento, el Procurador parece querer criminalizar esa conducta que a mi juicio es legítima y benéfica para el proceso político colombiano.
Podemos tener un debate acerca de la conveniencia de que ciudadanos distintos al gobierno busquen formas de acercar a las FARC a la paz. Entiendo que pueda haber argumentos ponderados de lado y lado. Pero en vez del debate, lo que estamos viendo aquí es una cacería de brujas lanzada, al fin y al cabo, por alguien que cuenta en su carrera con una quema de libros.
