La Constitución Colombiana Cumple 20 Años. (III)

Sí ya sé: el cumpleaños ya pasó. Pero tratándose de una constitución, no tiene nada malo seguirlo celebrando después de la fecha exacta.

Cuando comencé esta miniserie sobre la Constitución del 91 lo hice motivado por los artículos de economistas, especialmente de corte neoliberal como Carrasquilla y Montenegro. Aún no me he referido, como me lo proponía, al artículo de Carrasquilla. Pero mientras más lo pienso más difícil me queda porque veo que en él Carrasquilla repite uno de sus argumentos centrales y ese argumento nunca lo he podido entender.

Según Carrasquilla, el problema de la desigualdad en Colombia es ante todo, un problema de informalidad. No está mal como punto de partida. Pero yo en mi ingenuidad pensaría que si ese es el problema, la solución es aumentar el alcance de la formalidad, extendiendo las garantías del empleo formal mediante una agresiva regulación de los mercados laborales, precisamente para obligar a los empleadores a ofrecer empleo formal. Yo en mi ingenuidad pensaría que las fuerzas del mercado por sí mismas no crean empleo formal para todos. Algunas personas tienen suficiente capacidad de negociación en el mercado laboral para obtener condiciones maravillosas: vacaciones pagadas, servicio médico, flexibilidad de horario, en fin. Pero no todas tienen esa capacidad porque no todas tienen acceso a títulos de educación superior y cosas de esas. Entonces, a esas personas el mercado por sí solo no les permite contratos estables y de buena calidad. ¿Cómo lo sé? Porque la legislación laboral en Colombia no le prohibe a ningún empleador ofrecer de su bolsillo toda clase de prebendas. Y sin embargo, los que no están obligados, no lo hacen.

Carrasquilla, en cambio, cree que la solución es liberalizar aún más el mercado laboral. Presuntamente existe algún mecanismo oculto, contraintuitivo, que hace que mientras más libre el mercado laboral, mayor va a ser la cobertura de contratos formales. No entiendo. En mi ingenuidad, me parece como si uno dijera: "la escandalosa desigualdad en la tasa de supervivencia al naufragio del Titanic se debe a que había unos cuantos privilegiados que pudieron acceder a botes salvavidas." Cierto. Pero entonces la solución es crear más botes salvavidas. No abolir su instalación. Ingenuo que soy yo.

Luego Carrasquilla arremete contra el Estado del bienestar para la clase media que se ha ido creando a la sombra de la Constitución. Viejo debate. Pero voy a tratar de enfocarlo desde otro ángulo.

Para neoliberales como Carrasquilla, el ideal normativo es el mercado. El problema es que el mercado genera desigualdades que, con el tiempo, pueden llegar a crear problemas de deslegitimidad política. Para eso hay varias posibles soluciones. Primera, represión. El pinochetismo de Hayek se debía en buena medida a que para él esa era la solución más sensata al "problema" del exceso de socialistas que dejó regados el régimen de Allende. Obviamente esta solución es solo para casos extremos. Segunda, predicación. Es decir, si logramos convencer a las masas de que la igualdad no es importante y que los pobres tienen la culpa de su propia condición, el problema de legitimidad del mercado desaparece. Lo que pasa es que esa solución toma mucho tiempo y casi nunca funciona del todo bien, como para evitar tener que apelar a la primera. Entonces, la tercera opción es: redistribución. Tomar las medidas económicas necesarias para aliviar la desigualdad en la medida que sea necesario para mantener la legitimidad del mercado.

Para socialistas como yo el mercado no es un ideal normativo. Es un mecanismo de asignación de recursos con excelentes propiedades y que, sí, contribuye a la autorealización de muchos individuos. Por lo tanto, una sociedad justa tiene que tener mercados. Pero eso no quiere decir que el mercado sea la estrella polar en el firmamento de la justicia en torno a la cual giran los demás cuerpos celestes. Para nosotros el mercado debe coexistir con otros principios. Uno de esos principios es el de la propiedad colectiva sobre la riqueza de la sociedad. Esto implica que todos los ciudadanos deben ser partícipes de los mecanismos de "redistribución." Uso redistribución entre comillas porque desde este punto de vista, no se trata de que exista una distribución originaria, incontaminada (la del mercado) que luego vamos a ensuciar mediante medidas de política pública. Al contrario, desde este punto de vista, la salud pública, la educación pública, todas esas cosas, son de legítima propiedad de todos. Resulta ser que el Estado es el mecanismo para entregarla pero eso no cambia el hecho de que los propietarios son todos los ciudadanos. Por lo tanto, en este esquema es de esperarse que también la clase media sea beneficiaria de subsidios y cosas de esas. Podemos discutir si el actual sistema le está entregando a la clase media más subsidios de los que debería. Pero eso no impugna el principio básico de universalidad.

Lo curioso de este debate es que ni la posición de Carrasquilla ni la mía son directamente relevantes a la hora de evaluar la Constitución del 91. Como bien lo dice hoy Rodolfo Arango (hace años que no lo veo, si lee esto, le mando un saludo), la Constitución colombiana no es ni socialista ni neoliberal: es un acuerdo político básico que, deliberadamente, deja abiertos estos debates para que sea el proceso político el que los decida. Lo que pasa es que en los últimos 20 años las fuerzas alineadas con Carrasquilla han ganado más batallas políticas que las fuerzas de inspiración socialista o social demócrata.

Curiosamente, no han ganado tanto como para dejar a Carrasquilla satisfecho. Eso es normal. Para Carrasquilla siempre habrá demasiada intervención estatal y para mí, a menos que Colombia se convirtiera en una Suecia tropical, siempre habrá demasiada desigualdad.

Cambiando de tema, pero para ir redondeando esta serie sobre la Constitución del 91, hace mucho he pensado una cosa que le leí en estos días a Daniel García-Peña: esa Constitución es resultado de un pacto político, no de una guerra civil ni de una revolución. Hoy en día procesos similares se han ido volviendo relativamente normales en América Latina. Venezuela, Ecuador y Bolivia han tenido profundas reformas constitucionales en los últimos años. Pero que en 1991, a escasos dos años de acabarse la guerra fría, en medio de una escalada de violencia terrorista sin precedentes, el país le hubiera apostado a un ejercicio constitucional de ese estilo es algo de lo cual los colombianos deberíamos estar orgullosos.