Tuesday, January 24, 2017

Empleo Garantizado - Dogmatismo = RBU (Muy, muy largo!)


En una república lejana, hace millones de años, las fuerzas de la Teoría Monetaria Moderna lograron un magnífico triunfo y, aclamadas por el pueblo que hasta entonces gemía bajo las cadenas neoliberales, llegaron al poder. Su primer paso fue instaurar un programa de empleo garantizado, un anhelo popular desde hacía mucho tiempo. Gracias a este programa, todo ciudadano que se quedara sin empleo podía acudir al Estado el cual le asignaría un empleo con el salario mínimo, con plenos derechos laborales (vacaciones, días de descanso, etc.), por el tiempo que fuera necesario, es decir, hasta que encontrara empleo en el sector privado.

A cargo de este programa estaba el gran Randalio de Saint Louis, perspicaz hombre de estado, dotado de inteligencia y amor al pueblo. Randalio, en su fuero interno, detestaba no solo al neoliberalismo sino a la renta básica universal (RBU), que él veía como un adefesio neoliberal con ropajes progresistas. Pero, hombre tolerante, nunca se había dedicado a combatirla. Sus años de experiencia en el sector público le habían enseñado que a la hora de diseñar políticas públicas no era bueno invertir mucho tiempo y energía en debates teóricos interminables en los que cada uno se aferra a su esquema mental. Era mejor concentrarse en buscar resultados y en lograr que las políticas funcionaran bien con el mayor apoyo posible. Eso sí, le complacía ver que en la república las cosas iban tan bien que nadie ni siquiera se molestaba en mencionar la maldita RBU.

Un día, tuvo una reunión con su grupo de asesores para evaluar la marcha del programa de empleo garantizado (EG).

"¿Cómo está funcionando el empleo en la república?," preguntó Randalio.

"Macroeconómicamente va todo perfectamente," contestó uno de sus asesores. "La república ha mantenido, como esperábamos, niveles de pleno empleo sin ningún brote inflacionario gracias a la libre flotación cambiaria y al uso de los impuestos como herramienta para reducir presiones excesivas sobre la demanda agregada. Donde ha habido ciertos síntomas de malestar es en el frente micro. Nada grave. Nada que no se pueda arreglar con unos cuantos cambios en el diseño."

"¿Qué problemas?," preguntó Randalio de nuevo, un poco inquieto.

"Pequeños retrasos e ineficiencias, sobre todo en fases adversas del ciclo. Cuando el sector privado empieza a despedir gente, la lista de afiliados al programa se crece demasiado rápido y le cuesta un poco de trabajo a los ministerios echar a andar todos los programas para emplear a los afiliados. Por ejemplo, para construir una escuela se necesitan varios estudios previos para decidir el tamaño y la ubicación. Y eso toma tiempo. Entonces a veces terminamos pagando salarios a gente que está simplemente esperando a que el proyecto arranque."

"Entiendo," dijo Randalio. "De pronto es que hemos sido demasiado rígidos en el diseño del sistema. En lugar de tener a los ministerios diseñando en sus escritorios todo tipo de programas, deberíamos tal vez estar en un proceso constante de consulta con las comunidades para tener siempre una buena cantidad de ideas frescas y útiles. ¿No te parece?"

Todos inmediatamente asintieron. Como siempre, Randalio había demostrado una vez más su inteligencia y creatividad. Como consecuencia, se descentralizó el programa EG. Ahora no estaría simplemente a cargo de los ministerios sino que los municipios del país tendrían todos ellos un proceso constante de consulta con sus respectivas comunidades, una banco de proyectos listos para entrar en acción en cualquier momento del ciclo.

Meses después, Randalio convocó otra reunión para hacerle seguimiento a la reforma. El clima de la reunión era mucho más favorable que el de la última.

"La descentralización del EG ha sido un éxito," comenzó un asesor. "Se han reducido mucho las ineficiencias y retrasos. Hay algunos pequeños casos más que todo porque a veces un municipio no tiene suficientes desempleados para iniciar un nuevo proyecto. Hay, digamos, tres fontaneros desempleados, no suficientes para construir una nueva escuela. El otro día, por ejemplo, en un municipio una asociación de vecinos sin ánimo de lucro nos dijo que se habían quedado sin su secretaria porque ella se había ido a otra parte. Cuando fueron al ayuntamiento a ver si el programa de EG les podía asignar alguien, les dijeron que no porque eso no era parte de ningún proyecto aprobado por el EG."

"Pero eso es absurdo," dijo Randalio. "¿Me dices que se trata de una asociación sin ánimo de lucro? ¿A qué se dedica?"

"Hacen una muy buena labor. Tienen una casa donde las madres solteras pueden dejar a sus niños cuando no están en el colegio y allí les organizan actividades, pintura, música, ajedrez, en fin. En el pueblo la estiman mucho. Es una asociación que funciona con el dinero que han ido recaudando de familias y comerciantes de la zona, alguna que otra subvención, pero como siempre, andan escasos de recursos. Todos allí trabajan más por voluntad de servir que cualquier otra cosa," dijo el asesor.

"A mí me parece que el ayuntamiento pecó de excesivo formalismo," dijo Randalio. "El banco de proyectos no debe convertirse en un fetiche. Está hecho para servir a la comunidad."

"Sí. Eso nos decían en el pueblo. Alguien propuso que se le debería permitir a las organizaciones sin ánimo de lucro emplear a las personas afiliadas al programa EG y que fuera el EG el encargado de pagarles el salario."

"Me parece razonable," asintió Randalio. "Claro, hay que tener cuidado con eso. Debe existir un proceso muy selectivo para que una organización sea elegible. Deberíamos crear un sistema de organizaciones comunitarias, cooperativas, asociaciones de vecinos, en fin, algo que aglutine a la sociedad civil y que todo grupo que pertenezca a ese sistema sea elegible para emplear personas del programa EG."

Así se hizo. Se creó un sistema nacional de organizaciones de la sociedad civil. Una lista de organizaciones acreditadas, que cumplían una serie muy exigente de condiciones. Toda organización enviaba al EG local una lista de vacantes donde describían el tipo de persona que necesitaban, las tareas para las que la necesitaban, el lugar y demás condiciones. El EG local comparaba esa lista con la lista de afiliados y procedía a hacer la asignación correspondiente.

Meses más tarde, en otra de las reuniones de seguimiento, otro asesor contó lo siguiente:

"Tuvimos una situación para la cual no estábamos preparados en una ciudad. Resulta que en la lista del EG había un diseñador de software y daba la casualidad que por esos días una de las organizaciones registradas en el sistema había dicho que necesitaban un diseñador. Parecía que todo iba perfecto, pero para sorpresa de todos, un día fue la directora de la organización a hablar con la agencia local de EG con una petición muy extraña. Resulta que llevaban mucho tiempo buscando alguien con esas cualificaciones pero no tenían los recursos. Ese tipo de diseñadores ganan un 30% más que el salario mínimo. Entonces, ellos temían que este diseñador se iría tan pronto encontrara un trabajo en el sector privado, de modo que, para asegurar cierta permanencia, querían que el EG le pagara más que el salario mínimo. Dijeron un 20% más, confiando en que él estuviera dispuesto a quedarse allí por esa cantidad. En el ayuntamiento le dijeron que era imposible y ella se marchó airada. Tengo entendido que en la organización hicieron unos cuantos ajustes de gastos para poderle pagar al diseñador de software un suplemento al salario mínimo del EG, es casi el 20%. De momento están confiados en que ya con eso se resuelve el problema."

"En fin..." dijo Randalio con algo de estoicismo. "La realidad a veces excede nuestros esquemas. Afortunadamente se llegó a una solución."

La siguiente reunión trajo otra situación inesperada. Una de las organizaciones del sistema que se dedicaba a gestionar huertas orgánicas que surtían familias necesitadas quería abrir una nueva huerta. Todo estaba listo. Inclusive habían conseguido ya las personas que iban a trabajar allí, tanto jornaleros como agrónomos que estaban tan entusiasmados con el proyecto que estaban dispuestos a ganar menos que en el sector privado. Habían ya renunciado a sus empleos y se habían inscrito en el EG. Pero la agencia del EG dijo que no los podía asignar todavía porque los requisitos del programa eran que tenían que haber pasado un mínimo de dos meses en los que buscaran empleo en el sector privado. Cuando pasaron los dos meses ya se había pasado la temporada de siembra. ¿Por qué, preguntaba la junta gestora de la organización, eran necesarios los dos meses? ¿No hubiera sido mejor permitirles empezar actividades inmediatamente?

Randalio fijó la vista en un punto imaginario en el aire. Era el gesto que hacía cuando estaba a punto de hacer gala de la profundidad intelectual que tanto admiraban sus subalternos y asesores. Después de un rato dijo: "Aunque parezca una simple cuestión de trámite, esta petición aborda una cuestión muy de fondo. Me atrevería a decir que este es un momento crucial para nuestra república."

Los asesores lo miraron asombrados, sin entender. Randalio continuó, ahora ya con gesto más resuelto: "El EG está diseñado con el objetivo de que nadie que esté en disposición de trabajar se quede desempleado. Porque en últimas trabajo y empleo no son lo mismo. Trabajo es cualquier actividad humana con un propósito, digamos, benéfico para la sociedad. Empleo en cambio es un tipo específico de contrato que regula ciertos trabajos. No todo trabajo es empleo. Pero, supuestamente, todo empleo es un trabajo en la medida en que alguien, como mínimo el empleador, considera que esa actividad es benéfica. Al fin y al cabo, si está dispuesto a pagar por ella, es porque le ve algún beneficio. Con su actual diseño, el EG parte de la base de que existen dos formas de evaluar si alguien está haciendo un trabajo benéfico para la sociedad: o el sector privado está dispuesto a pagar por ese trabajo, o el gobierno y su red de organizaciones de la sociedad civil le ven algún beneficio. Pero a la base del EG siempre ha habido cierta deferencia hacia el sector privado. Es decir, la premisa fundamental del EG es que esta república sigue siendo una economía capitalista de mercado, solo que no vamos permitir los excesos neoliberales y queremos que el Estado ofrezca ciertas garantías a los ciudadanos. Fíjense que todo afiliado al EG tiene que pasar por un periodo de dos meses. ¿Por qué? Porque se acepta que, en últimas, el sector privado es el que tiene un mejor criterio para asignar a esa persona a alguna tarea productiva. Solo en caso de que el sector privado no lo haga, entra el gobierno con el EG a intervenir. En el esquema actual el sector privado es el líder y el gobierno y la sociedad civil juegan un papel de reparto, ayudando a corregir lo que el sector privado no hace. Fíjense en el caso del diseñador de software que discutimos la reunión pasada. El EG le ofrece un salario mínimo mientras encuentra trabajo en el sector privado pero no más. Es decir, desde el punto de vista del EG, no hay ningún interés intrínseco en que esa persona se quede trabajando en el sector sin ánimo de lucro. En este caso particular, la organización fue capaz de ofrecerle un suplemento, pero desde el punto de vista del EG, eso no pasa de ser una circunstancia afortunada. Al EG no le interesa retener a esa persona en esa organización. Si el sector privado lo quiere contratar, ofreciéndole el verdadero salario de mercado, peor para la organización. Si combinamos las dos solicitudes que nos han hecho, vemos que, en esencia, lo que nos están pidiendo es que rediseñemos el EG de manera que abandone su tradicional deferencia hacia el sector privado. Por ejemplo, si suprimimos el periodo de espera de dos meses, entonces cualquier persona puede pasar del sector privado a nuestro sistema de organizaciones. Pero entonces, la personas que ya están trabajando en esas organizaciones podrían renunciar y ser contratadas nuevamente como parte del EG. De hecho, casi que sería justo hacerlo ya que de no hacerlo así, estaríamos implícitamente castigando a aquellas organizaciones que a fuerza de dedicación y experiencia han ido construyendo su propia base de trabajadores. El EG estaría premiando organizaciones jóvenes que no tienen casi empleados y que simplemente arrancan a funcionar con un personal mínimo y luego acuden al EG para suplir el resto. Déjenme incluso ir un poco más lejos. Hasta el momento el EG es el encargado de asignar trabajadores a organizaciones. Es solo cuestión de tiempo antes de que las organizaciones nos pidan ser ellas mismas las encargadas de entrevistar a los trabajadores y decidir a quiénes contratan. En el momento en que hagamos eso, ya el periodo de espera de dos meses pierde todo sentido porque ya las organizaciones podrían simplemente entrevistar gente por su cuenta, pagarle un pequeño auxilio mientras se espera los dos meses y ya. Ya no tendríamos un programa de EG sino más bien un sistema permanente de subsidios a las iniciativas de la sociedad civil. Algo muy distinto de lo que inicialmente habíamos pensado."

"La disyuntiva es clara," prosiguió mientras los demás lo miraban asombrados por la lucidez y velocidad mental con que iba hilvanando todos los puntos. "Si queremos preservar el espíritu original del EG tenemos que declarar que el Estado se reserva la tarea de asignar trabajadores del programa a las organizaciones, que se mantiene incólume el periodo de espera y que, de pronto, es necesario poner criterios más exigentes para qué tipo de organizaciones pueden participar. En ese caso, lo que tenemos es un sistema en el que se acepta la primacía del sector privado y el Estado se encarga de mantener los límites del sector de la sociedad civil, con límites y regulaciones que le impiden crecer y tener autonomía a la hora de contratar. Si, por otro lado, suprimimos el periodo de espera y permitimos que las organizaciones busquen el personal que quieran, o sea, si como venía diciendo, convertimos este programa en un subsidio permanente al sector de la sociedad civil, estamos diciendo que el sector privado no tiene primacía, que si bien tiene ventajas respecto a los otros sectores, el Estado se compromete a reducir esas ventajas."

"Sería gravísimo," dijo uno de los asesores. "El EG dejaría de ser un sistema de estabilización macroeconómica."

"No necesariamente," dijo Randalio. "El sistema seguiría funcionando igual, recibiendo desempleados y buscándoles empleo. La única diferencia sería que ahora también recibiría personas que no se han quedado desempleadas sino que simplemente quieren pasar del sector privado al sector de la sociedad civil. Pero si alguien se queda sin empleo en el sentido tradicional del término, no habría ningún problema: el EG le asignaría un trabajo con el salario mínimo."

"Pero entonces el costo del programa se dispara. Terminaríamos pagándole un salario mínimo a todas las personas que trabajen en el sector no privado," dijo otro asesor.

"El hecho es," dijo Randalio, "que esta es una decisión muy delicada que no podemos tomar aquí a toda prisa. Hay dos preguntas que debemos abordar por separado. La primera es si resultaría factible ese cambio. Luego, en caso de resultar factible, habría que saber si es deseable. Yo creo que conviene encargar al Ministerio de Hacienda que nos simule algunos escenarios sobre el costo. Yo, por mi parte, empezaré a consultar con el Presidente de la República, congresistas y magistrados porque ya veo que si decidimos hacer este cambio necesitaremos mucho apoyo político e incluso la anuencia de la Corte Constitucional."

Dos semanas después Randalio convocó a una nueva reunión y dijo:

"Bien. Comencemos por la parte política. He hablado, como dije antes, con el Presidente, congresistas y magistrados y me han dicho que, en principio, están dispuestos a apoyar lo que decidamos aunque, como les hice ver, es una decisión compleja y será necesario que el proceso político siga su curso. Ahora falta escuchar el informe de factibilidad elaborado por el Ministerio," dijo mientras dirigía la mirada al funcionario encargado de presentarlo.

Inmediatamente el funcionario comenzó: "El informe del Ministerio es ambiguo. Hay varias opiniones. Los técnicos estudiaron varios escenarios y lograron ponerse de acuerdo en lo siguiente: el salario mínimo actual es de 700 minskys mensuales (la moneda local de la república). Hay consenso en que ese programa aumentaría la presión sobre la demanda agregada por lo que, para evitar brotes inflacionarios, sería necesario subir los impuestos. Se formó una larga discusión entre los técnicos porque uno de ellos quería escribir en el informe que habría que subir impuestos para poder financiar el programa. Los demás le dijeron que ese lenguaje era de economistas neoclásicos ortodoxos, que los impuestos no financian el gasto. En algún momento empezaron a gritar todos sobre el papel del dinero. Finalmente yo los llamé al orden y les dije que, fuera cual fuera el lenguaje que quisieran usar, todos estaban de acuerdo en que sería necesario subir impuestos. Uno de los economistas dijo que le parecía que el alza de impuestos que estaba prevista era demasiado grande y que podía generar efectos muy complejos sobre los incentivos a la inversión y cosas de esas. Dijo que si se iba a hacer eso, el preferiría un impuesto al valor agregado o al consumo. Allí se formó otra discusión bastante complicada. Después de un buen rato, se pusieron de acuerdo en que, a pesar de las diferencias que podrían tener cuando se habla de 700 minskys, les parecía que una suma de 600 minskys, que es lo que se estima como un mínimo de subsistencia, era asumible con unos cuantos aumentos de impuestos (dijeron que la mezcla exacta era lo de menos) dejando intacto todo el sistema de sanidad pública universal, educación pública gratuita, infraestructura, etc., etc."

"¡Interesante!," dijo Randalio. "Tenemos ante nosotros dos opciones. Una es, como dije en la reunión pasada, mantener intacto el EG, protegiéndolo mediante regulaciones que lo mantengan bajo control gubernamental (en especial la parte de la asignación de trabajadores a empleos). La otra es convertirlo en un programa de "ingreso de participación" donde el gobierno simplemente le da una ayuda a cualquier persona que entre a trabajar en alguna de las organizaciones de nuestro sistema del sector de la sociedad civil. En el primer caso, le garantizamos el salario mínimo a todo el mundo. En el segundo caso, le decimos a todo ciudadano que se quede sin empleo que puede contar con 600 minskys y que si quiere llegar a los 700 del mínimo tiene que conseguir alguna organización que lo contrate pagándole los 100 restantes. A mí me preocupa que haya personas que no consigan ninguna organización que los contrate, razón por la cual he insistido en que debemos mantener el componente público del EG original. Posiblemente no sea necesario utilizarlo mucho porque sería muy raro que haya alguien a quien ninguna organización quiera contratar a ningún precio. Pero no importa. El Estado está para proteger a todos los ciudadanos. Ahora bien, en este sistema de ingreso de participación, habrá personas que se benefician más que con el EG. En particular, aquellas personas a las que las organizaciones están dispuestas a pagarles más de 100 minskys ya que estarían ganando más que el mínimo que ofrece el EG. En el fondo son dos formas distintas de utilizar los recursos. El ingreso de participación los distribuye entre personas con niveles de cualificación muy distintos y le da a las organizaciones discrecionalidad de que ellas decidan qué tipo de personas quieren contratar."

Después de muchas deliberaciones, el Congreso aprobó el nuevo plan de ingreso de participación. Con el nuevo programa, toda persona que quisiera entrar a trabajar en alguna de las organizaciones de la sociedad civil (cooperativas, asociaciones sin ánimo de lucro, etc.) podía recibir una ayuda de 600 minskys. Por otro lado, quien no quisiera hacerlo pero se encontraba desempleado, podía afiliarse al EG original. El sistema siguió funcionando con altos niveles de aceptación. La sociedad civil acogió entusiasta las reformas, el sector cooperativo y  sin ánimo de lucro la consideró una pieza maestra de la nueva legislación. Algunos empresarios y economistas conservadores se quejaron del aumento de impuestos pero no tenían fuerza política suficiente para echar atrás el plan.

Tiempo después Randalio reunió a su grupo de asesores para comentarles una novedad: "He recibido una carta del presidente de uno de las grandes industrias del país. Me dice que están pasando un mal momento y están pensando cerrar una de las plantas que emplea a 500 trabajadores. Entraron en arduas negociaciones con el sindicato y acordaron un plan para amortiguar el golpe. Según el plan, en lugar de 500 despidos habrá solo 200 y un congelamiento de salarios por un periodo de dos años. Al principio no entendí por qué me escribía para contarme todo esto. Al fin y al cabo, nosotros estamos a cargo del EG, no de política industrial ni nada de eso. Pero acto seguido encontré otra carta, esta vez enviada por el sindicato. Quieren saber si es posible que los 200 trabajadores que van a ser despedidos, en lugar de tener que afiliarse al EG pueden simplemente seguir en sus puestos y que el EG se haga cargo de pagar sus sueldos. No sé qué contestar."

"¿Pero por qué están interesados en esa idea? ¿Se sabe qué piensan los trabajadores que serían despedidos?," preguntó un asesor.

"Según el sindicato, la idea vino de los mismos trabajadores. Dicen que no quisieran tener que esperar los dos meses del EG y que además sería complicado para ellos empezar a aprender un nuevo trabajo, tendrían tal vez que desplazarse a otro sitio mientras que ya viven muy cerca a la planta. Ellos creen que se trata solo de una mala racha de la empresa y quieren estar allí para cuando termine la mala racha. Temen que si se van, después cuando mejoren las cosas no habría garantía de que los contraten de nuevo."

"Hay que tener cuidado con esto," dijo otro asesor. "Si aceptamos esta propuesta, cuando nos demos cuenta vamos a estar subsidiando salarios a diestra y siniestra. Si vamos a hacer esto, tendríamos que dejar muy claro que se trata de una medida estrictamente provisional. Máximo un año. Si no, ¿qué garantía tenemos de que la empresa simplemente siga usando el dinero del EG para pagarle a esos trabajadores después de que haya pasado la mala racha?"

"Eso es verdad," dijo Randalio. "Pero también hay que ver los beneficios. Hasta ahora hemos tenido un plan para curar el desempleo lo cual no está mal. Pero si sabemos aprovechar esta coyuntura, tendríamos un instrumento que podría llegar a servir para también prevenir el desempleo. En lugar de esperar a que la gente se quede sin trabajo, podríamos atacar el problema antes de que ocurra lo cual sería mejor para todos."

En ese momento un tercer asesor preguntó: "Perdón pero, ¿por qué estamos tan temerosos de continuar pagando el salario más allá de un año?"

"Porque estaríamos subsidiando a la empresa cuando ya está nuevamente obteniendo ganancias," contestó otro.

"Pero," replicó éste "de pronto no es tan grave. Si aumentan las ganancias de la empresa, aumentan también sus impuestos. Dicho de otra manera, a través del EG le estamos aportando mano de obra para que aumente sus ganancias pero luego ese aporte se nos retribuye en forma de impuestos que podemos usar para financiar otros programas sociales."

"¡Randalio!," exclamó otro asesor. "¿Vas a permitir semejante herejía? Mira la barbaridad que acaba de decir nuestro colega. Habló de fi-nan-ciar gastos del gobierno con impuestos. Cualquier persona que conozca el ABC de la teoría monetaria moderna sabe que los impuestos no financian el gasto. No pensé que incluso aquí en las altas esferas del gobierno tuviéramos economistas ortodoxos que no han superado los esquemas tradicionales."

Randalio sonrió benévolamente. "A ver, a ver, vamos por partes. Para lo que aquí nos interesa la diferencia que mencionas es irrelevante así que no es necesario llamar al Santo Oficio de la teoría monetaria moderna. El hecho es que cada que lanzamos un programa social, cualquiera que éste sea, estamos aumentando la demanda agregada. De manera que, si estamos en una situación de pleno empleo, esto aumenta la inflación por lo que, si queremos mantener la estabilidad de precios, es necesario subir impuestos. Si lo quieres expresar en términos de la teoría monetaria moderna o en términos ortodoxos, el resultado es el mismo. El hecho es que esos impuestos adicionales que recaudaríamos nos darían más margen para más programas. Por ejemplo, le he escuchado a la Ministra de Educación que según estudios del ministerio, si se lograra poner en toda escuela del país programas para después de clase (digamos, ayuda con las tareas, actividades extracurriculares, etc) se tendrían excelentes resultados en prevención de drogadicción, en mejor rendimiento académico, en fin. Es un tema que se está discutiendo mucho en estos días. No vendría mal tener margen de maniobra fiscal para comenzar algo así."

"Pero estamos ayudando a que las empresas del sector privado se enriquezcan," dijo alguien en la reunión.

"Es verdad," contestó Randalio. "Pero no necesariamente esto es malo. Si estructuramos bien los impuestos, puede traducirse en beneficios para todos. Por ejemplo, con impuestos más progresivos, o si gravamos a las empresas con tasas más altas, estamos poniendo esa riqueza que se genera al servicio de aumentar la capacidad del Estado de ofrecer servicios y podemos corregir las desigualdades que se generen. Es cuestión de técnica tributaria. Tendríamos que estudiar la mezcla de impuestos adecuada. Pero no es una idea desdeñable. Eso sí, tendríamos que mantener el EG original. A mí me sigue pareciendo irrenunciable. Porque por más que este tipo de subsidio de salarios pueda prevenir el desempleo de algunas personas, siempre va a haber casos que se le escapan al subsidio, personas que van a ser despedidas de sus puestos y tenemos que estar dispuestos a cubrirlas. Pero sí es innegable que un sistema de este tipo nos facilitaría las cosas porque tendríamos menos casos en el EG. El subsidio de salarios cumpliría un papel preventivo y el EG se mantendría como lo que es, un sistema de última instancia."

El debate en el Congreso fue intenso. No estaba claro cuál debía ser la mezcla de impuestos para adaptarse al nuevo esquema. El Ministro de Hacienda le pidió a Randalio que se decantara por alguna propuesta en particular, bien fuera utilizar impuestos a la renta, impuestos a las ganancias de las empresas o impuestos al consumo. Randalio le dijo que él prefería no intervenir en ese debate. A su modo de ver, él debía concentrarse en mantener el EG funcionando de la mejor manera posible. Para eso era fundamental que los distintos actores políticos lo vieran como alguien al margen de ese tipo de conflictos. Mientras el EG cumpliera con su propósito, es decir, asegurar que todo ciudadano tuviera condiciones dignas de trabajo, él no debía meterse a opinar sobre las finanzas subyacentes. Como suele suceder en estos casos, el resultado fue una reforma tributaria bastante compleja. Se aumentaron algunos impuestos, se redujeron otros, se crearon algunas exenciones, una que otra de dudoso mérito técnico y que más parecían calculadas para comprar apoyos políticos al paquete final. Pero en el neto se elevó el recaudo y el gobierno procedió a lanzar el plan que se venía discutiendo sobre programas de actividades para después de clase en todas las escuelas públicas. Incluso se pudo mejorar la conectividad a internet en todas ellas.

En lo que sí intervino Randalio, porque era parte fundamental del sistema EG, fue en el diseño de los subsidios. La propuesta inicial había sido que el gobierno se comprometía a pagar salarios mínimos a trabajadores en empresas privadas que estuvieran a punto de reestructurarse. Pero entonces algunos empresarios preguntaron ¿por qué era necesario esperar a la reestructuración? ¿No sería bueno permitirle a empresas que no estuvieran en crisis acudir al EG? Bien podía haber trabajadores en el programa EG a los que las empresas no estaban dispuestos a contratar por 700 minskys pero sí por, por ejemplo, 400 minskys. Según esa propuesta, la empresa podría pagarle los 400 minskys y el gobierno los otros 300.

"En el fondo," explicó Randalio a su grupo de asesores "lo que estas empresas quieren es que se les extienda a ellas algo parecido al programa de ingreso de participación. No lo sé... Tengo que pensarlo con calma."

"¿No se corre el riesgo de desnaturalizar el programa EG?," preguntó un asesor.

"No creo. O por lo menos no es evidente por qué habría de ser así," contestó Randalio. "Si un trabajador no recibe ninguna oferta de ninguna empresa, sigue trabajando en el EG como si nada. Así que todo ciudadano sigue cubierto, se mantiene la garantía de trabajo digno para todos. Sería un mecanismo para evacuar más rápidamente los casos del EG. En caso de una recesión, en lugar de esperar a que las empresas se recuperen del todo y quieran contratar a estos trabajadores a 700 minskys, los pueden empezar a contratar a 500 minskys. El proceso fluiría más rápido. La gente pasaría menos tiempo en el EG."

"Pero Randalio," comentó un asesor "esto hay que pensarlo muy bien. Fíjate que, implícitamente, la propuesta le quita al EG la potestad de asignar trabajadores ya que le da a las empresas la facultad de escoger a quienes contratan. Se parece mucho al problema que tuvimos con las organizaciones de la sociedad civil."

"Eso es verdad," dijo Randalio. "Pero mientras más lo pienso más problemas le veo a la famosa lista. El EG tal como ha venido funcionando implica que el gobierno lleva una lista de trabajadores y decide a dónde los asigna sin que los posibles empleadores influyan en la decisión. Eso, digamos la verdad, es un poco arbitrario. No estaría mal que las empresas pudieran ellas mismas decidir a quién contratan. A menos que decidamos tajantemente que nadie que esté en el EG puede desempeñar una labor en el sector privado. Pero fíjate que eso tendría un costo para los trabajadores que están en el EG: les estamos quitando a ellos la opción de entrar a puestos que les pueden interesar más que lo que nosotros les estamos ofreciendo. Les estamos diciendo que tienen que trabajar con nosotros hasta que las empresas del sector privado decidan que las condiciones de demanda son tales que les van a pagar 700 minskys, pero antes no. Repasemos la secuencia que hemos seguido. Al comienzo, el EG tenía una puerta de entrada y una de salida: entrabas porque te habías quedado desempleado, salías porque habías conseguido trabajo. Luego vimos que esto generaba muchos problemas micro con las organizaciones de la sociedad civil de modo que creamos otra forma de entrar. Ahora puedes entrar al EG simplemente porque quieres trabajar en alguna organización reconocida. En ese caso no sales del EG sino que solamente recibes 600 minskys. Con la nueva propuesta se crean otras formas más de entrar y salir. Por una parte, puedes entrar al EG si la empresa en la que trabajas está a punto de entrar en reestructuración. Por otro lado, puedes salir del EG si encuentras un trabajo en el sector privado que te pague menos de los 700 minskys y en ese caso el gobierno completa el faltante. Hemos avanzado hacia la creación de un sistema más flexible desde todo punto de vista y, lo que más me gusta, no hemos renunciado en lo absoluto a nuestra meta original de garantizar empleo digno para todos."

Acordaron que el problema merecía una segunda reunión a la semana siguiente, semana que usarían para pensar posibles soluciones. Randalio dio inicio a la reunión con aire resuelto y optimista.

"Creo haber encontrado la solución," dijo. "Comencemos por recordar cuáles son nuestros objetivos. Primero, queremos asegurarnos de que toda persona tenga acceso a un empleo digno sin importar la fase del ciclo económico en la que estemos. Segundo, queremos evitar presiones inflacionarias indebidas. Tercero, queremos mantener y si es posible mejorar la provisión de servicios públicos  como la educación, la sanidad, la infraestructura, la investigación básica, etc. Cuarto, aunque entiendo que tal vez algunos aquí no le den importancia pero es un objetivo que cada vez valoro más, queremos, está bien, yo quisiera, que le diéramos un impulso al sector de la sociedad civil para que la economía no esté siempre en función de los beneficios privados sino que existan asociaciones, cooperativas y otras cosas similares que ofrezcan control democrático sobre los recursos. Por último, queremos un sistema que mantenga flexibilidad para que no nos enfrentemos a las dificultades micro de antes. Es decir, un sistema en el que la gente cambie de un trabajo a otro de la manera más eficiente posible, sin obstáculos burocráticos ni demoras innecesarias. Ahora bien, ¿cómo lograr esos cuatro objetivos? Lo primero que hay que reconocer es que ningún instrumento los puede lograr todos al mismo tiempo. Pero no necesitamos limitarnos a un solo instrumento. Entonces, mi idea es la siguiente. El primer objetivo lo logramos con nuestro EG original. Toda persona que no encuentre empleo, puede afiliarse al programa y el gobierno le da un trabajo al salario mínimo. Como ya sabemos, este sistema no genera presiones inflacionarias porque se reduce automáticamente cuando cae el desempleo agregado. En cuanto al tercer objetivo, no hay mucho que tengamos que decir aquí. Pero lo que sí sabemos es que gracias al actual sistema tributario el gobierno está ofreciendo una red generosa de servicios sociales y de inversión pública sin generar inflación. Algunos aquí dirán que nuestro actual nivel de gasto está adecuadamente financiado, otros dirán que eso es un concepto ortodoxo y que es mejor pensar en el gasto como algo que el gobierno puede hacer sin necesidad de financiarse. En fin, eso es problema de cada uno y de su teoría monetaria. Aquí lo que nos interesa es que la actual provisión de servicios no genera inflación. Esto quiere decir que si diseñamos un mecanismo que ni aumente ni disminuya el déficit fiscal, no tenemos por qué preocuparnos de problemas de inflación. Es decir, cualquier mecanismo que cumpla con ese requisito va a ser compatible con nuestro segundo objetivo y no afectará para nada al tercero. Nos quedan, por tanto, dos objetivos más. Por el momento olvídense del cuarto objetivo. Volveremos a él más adelante. Entonces, el quinto objetivo se podría lograr de la siguiente manera: reestructuremos el impuesto al ingreso introduciéndole un componente que a veces es positivo, a veces es negativo. Es decir, digamos que toda persona que gane más de 700 minskys paga algún impuesto. Progresivo o lineal, de momento es lo de menos. Eso habría que estudiarlo. Lo importante es que, como ya dije, ni aumente ni disminuya el déficit fiscal. Ahora, toda persona que gane menos de 700 minskys recibe un subsidio hasta los 600 minskys."

"No entiendo," preguntó alguien. "¿Eso qué tiene que ver con el quinto objetivo?"

"Te lo explico con un ejemplo. Supongamos que hay alguien desempleado en este momento. No ha encontrado ninguna empresa que lo quiera contratar a 700 minskys. Si quiere, puede afiliarse a nuestro EG y le damos un trabajo. Pero de pronto hay alguna empresa que lo quiere contratar a 500 minskys. Entonces con este sistema recibe los mismos 700 minskys de antes: 500 de la empresa y 200 del subsidio. Es decir, cualquier persona puede cambiar de un trabajo al otro, independientemente de lo que las empresas estén dispuestas a pagar en ese momento, sabiendo que, pase lo que pase, va a ganar siempre un mínimo de 700 minskys. Así no estamos poniéndole trabas a un desempleado, obligándolo a esperar en nuestro EG. Puede salir cuando encuentre un trabajo que le pague menos y sabemos que sigue recibiendo 700 minskys."

"¿Pero, y si el trabajo que le ofrecen no le da derechos y condiciones dignas?," preguntó un asesor asombrado.

"No tiene por qué aceptarlo," contestó Randalio. "Recuerda que nuestro EG sigue funcionando. Si quiere puede seguir trabajando en nuestro programa. Ahora, si por ejemplo, le ofrecen un trabajo con un sueldo bajo y sin derecho a vacaciones, pero con la posibilidad de que dentro de un año le aumenten el sueldo y le den su derecho a vacaciones, ¿no sería mejor que fuera él el que decidiera si lo acepta o no? Nosotros le estamos garantizando su ingreso de 700 minskys. Que sea él el que decida qué quiere hacer más allá de eso."

"Pero ese sistema no tiene estabilizadores macroeconómicos," añadió otro asesor.

"Yo diría que sí tiene un estabilizador en tanto que cuando caen los ingresos aumenta el subsidio y cuando suben los ingresos baja el subsidio. A ti parece que lo te inquieta es el problema del pleno empleo. Pero, insisto, no hemos tocado para nada nuestro EG tradicional," contestó Randalio y de inmediato continuó: "Veo que nadie me ha preguntado por el cuarto objetivo. Sé que a muchos no les interesa, pero a mí sí. Las discusiones que hemos tenido últimamente me han convencido de que el EG, por sí solo, deja en una situación muy limitada al sector de la sociedad civil, lo obliga a ser siempre el actor de reparto. Pero a mí me gustaría que ese sector tomara más fuerza. Eso es algo que me gustaba de nuestro esquema de ingreso de participación y no me gustaría perder ese ingrediente en esta reforma. Pero entonces, yo me pregunto, ¿qué tan grande debe ser ese sector? ¿Deberíamos impulsarlo tanto que se convierta en el sector dominante, o más bien debería estar a la par con el sector privado? La verdad es que no lo sabemos. Es algo que nosotros no podemos legislar. Nadie sabe si, digamos, todos los electrodomésticos deban ser producidos por cooperativas, o por empresas del sector privado, o cual es la combinación adecuada. De pronto las cooperativas no están en condiciones de atender toda la demanda de electrodomésticos. De pronto hay algunos bienes de mercado muy incierto, bienes nuevos sobre los cuales no hay experiencia suficiente, y sería inclusive injusto esperar que una cooperativa arriesgara mucho tratando de producirlos. Allí tal vez un inversionista privado puede estar más dispuesto a correr el riesgo. No lo sé... todas estas cosas son muy complejas. Hablamos mucho de que la economía debe estar al servicio de los seres humanos y no de las ganancias, y yo mismo estoy convencido de eso, pero en la práctica nos surgen muchísimas dificultades para aplicar ese principio. Por eso, mi idea es la siguiente: el sistema de impuestos y subsidios que estoy proponiendo ya contiene un subsidio implícito a empresas que no sean rentables a precios de mercado. Con este subsidio una asociación de vecinos puede garantizarle a cualquiera que quiera trabajar con ellos que podrá ganar como mínimo 700 minskys así la asociación misma no tenga la capacidad de pagárselos todos. Ahora, por supuesto que este subsidio, a diferencia del sistema que tenemos hoy en día, no distingue entre sectores. Este subsidio lo puede recibir alguien que trabaje en el sector privado, o en el sector cooperativo, o en una organización no gubernamental o lo que sea. Entonces, ¿no sería mejor mantener el requisito de que el subsidio solo se puede usar en organizaciones de la sociedad civil? En teoría suena muy bien. Pero fíjense que para que el sistema funcione bien hemos tenido que construir una red de organizaciones, con muchos requisitos de acreditación. Y eso está bien. Yo creo que si de verdad queremos fortalecer la sociedad civil, debemos exigirle a ella misma que cumpla con ciertos requisitos y no que cualquier par de individuos se autodeclaren sociedad civil. Pero por otro lado, nuestro sistema de acreditación implica que muchas iniciativas muy pequeñas se tomarían tiempo en lograr entrar al sistema, iniciativas que pueden ser valiosas. Es más, podría incluso darse el caso de personas que quieren autoemplearse con algún fin socialmente benéfico. Un sistema de acreditación muy complejo no permitiría ese tipo de cosas. Entonces, se me ocurre que podríamos simplemente separar los dos instrumentos. Es decir, utilizaríamos el impuesto/subsidio como un mecanismo para garantizar que toda persona tenga un ingreso mínimo de 700 minskys y que de ese modo pueda entrar a contribuir en el sector que quiera, privado, cooperativo, asociativo, autoempleo, lo que sea. Por otra parte, el Estado utilizaría el actual sistema de acreditación de organizaciones para canalizar allí iniciativas de apoyo a la sociedad civil. Por ejemplo, los municipios podrían darle preferencia a cooperativas a la hora de comprar algunos bienes y servicios. Podríamos contratar obras públicas con ese tipo de organizaciones, sabiendo que tienen la solidez, la experiencia, la reputación en fin, todo aquello que podemos obtener gracias a nuestro sistema de acreditación."

"¿No se podría también," interpeló alguien "que los municipios asignaran parte de su presupuesto a organizaciones que ya están registradas en el sistema?"

"Es otra posibilidad," asintió Randalio. "En fin, hay muchas opciones, muchos mecanismos mediante los cuales podemos impulsar la economía social."

"¿Pero no habría el riesgo de que alguien en el futuro decida desmantelar toda esa red de economía social e incluso usar el esquema de tu impuesto/subsidio para privatizar los servicios sociales?," preguntó otro asesor.

"Puede ser..." dijo Randalio con algo de resignación. "Lamentablemente nosotros no podemos atarle las manos a las futuras generaciones. Si el día de mañana alguien quiere echar abajo todo lo que hemos construido y volver a imponer el neoliberalismo, será cuestión de la sociedad en ese momento impedírselo."

"¡Pero fíjate que en cambio el EG no tiene ese problema!"

"¿Estás seguro?," preguntó Randalio. "Primero, el EG se puede abolir, como cualquier otra cosa. Un futuro gobierno neoliberal podría matarlo lentamente de muchas maneras. Por ejemplo, podría ofrecer unos empleos muy malos, en instalaciones decrépitas, en sitios muy remotos, de modo que la gente le vaya perdiendo aprecio al EG. Podría utilizarlo para erosionar los sindicatos del sector público, por ejemplo. Pondría a personas del EG a hacer trabajos que ya están haciendo funcionarios públicos sindicalizados. Inclusive, lo cual sería aún más perverso, podría utilizar el EG ¡para debilitar sindicatos privados! ¿Te imaginas, por ejemplo, que una empresa privada decidiera tercerizar puestos de trabajo con personal del EG? Sería una monstruosidad. Sería destruir la esencia misma del EG. Pero un gobierno que quiera matar al EG lo puede hacer. Cuando nosotros no estemos aquí, no podremos hacer nada para impedirlo."

"¿Y qué pasaría si alguien simplemente no quiere trabajar? ¿No le estamos dando 700 minskys por no hacer nada?"

"A mí no me preocupa mucho ese problema," dijo Randalio. "Pero bueno, si les parece que es un problema muy grave, podríamos introducirle un pequeño cambio al impuesto. Podríamos decir que a toda persona se le garantiza un ingreso de 600 minskys (o 500, lo que quieran, yo diría 600) pero que si es capaz de demostrar que está trabajando en alguna parte, cualquiera, una empresa de cualquier sector, entonces se le garantizan los mismos 700 de antes."

En ese momento uno de los asesores más jóvenes y fogosos, una joven promesa del equipo, conocido por su radicalismo, estalló: "¡Randalio esto es inaudito! Me atrevería a pensar que te has vendido al neoliberalismo. Lo que estás proponiendo es ni más ni menos que un sistema de renta básica universal."

Randalio lo miró comprensivo y sonrió: "No te falta razón. Mi plan tiene tres componentes: un EG, un sistema de RBU y una serie de políticas de promoción de la economía social. Hasta donde veo, es un plan que reconcilia los cinco objetivos que propuse al comienzo de la reunión. Son cinco objetivos muy difíciles de lograr por separado, mucho más en conjunto. Un plan que los combine tiene mucho a su favor. Tendrá imperfecciones como todo, pero tiene la ventaja de que nos permite ir aprendiendo por el camino. Podemos ir calibrando qué cantidad de RBU es conveniente, podemos ir aprendiendo cuáles son las mejores maneras de promover la economía social, todo eso sin arriesgar el bienestar de la gente, garantizándoles siempre un mínimo de subsistencia y un empleo digno y sin crear excesivas trabas burocráticas que terminen por deslegitimar el sistema. Si me lo preguntas, diré que no está nada mal. Ahora, te diré también que a mí los rótulos me tienen sin cuidado. Si tú crees que este es un plan neoliberal, estás en libertad de decirlo. Tú sabes que yo ante todo soy muy tolerante. Yo por mi parte prefiero centrarme en los resultados del programa. Si algo he aprendido en todo este tiempo es que la realidad está llena de complicaciones que nunca podemos prever del todo. Los rótulos nos inducen a falsas certezas, a creer que lo sabemos todo cuando en realidad hay muchísimas cosas inesperadas y nos conviene estar abiertos a todo tipo de sorpresas buenas y malas. Yo siempre había desdeñado la RBU. Me parecía muy inferior al EG y recuerdo muchísimas reuniones donde todos nos congratulábamos mutuamente por lo brillantes que éramos al darnos cuenta de eso y nos maravillábamos con la belleza de nuestro plan. Pero ahora he visto que nuestro plan tenía dificultades. No era un mal plan. Para nada. Yo sigo creyendo en los valores que siempre he defendido y mi actual propuesta así lo confirma. Pero en un mundo cambiante necesitamos darle oportunidad a la gente para que busque alternativas que ni tú ni yo ni nadie en esta reunión puede anticipar. La RBU es un buen instrumento para eso. Respeta la espontaneidad de los individuos y, dentro del marco que le estamos creando aquí, ayuda a reafirmar nuestro compromiso con la igualdad y la justicia social y la búsqueda de una economía al servicio de la gente."



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