En una república lejana, hace millones de años, las fuerzas
de la Teoría Monetaria Moderna lograron un magnífico triunfo y, aclamadas por
el pueblo que hasta entonces gemía bajo las cadenas neoliberales, llegaron al
poder. Su primer paso fue instaurar un programa de empleo garantizado, un
anhelo popular desde hacía mucho tiempo. Gracias a este programa, todo
ciudadano que se quedara sin empleo podía acudir al Estado el cual le asignaría
un empleo con el salario mínimo, con plenos derechos laborales (vacaciones,
días de descanso, etc.), por el tiempo que fuera necesario, es decir, hasta que
encontrara empleo en el sector privado.
A cargo de este programa estaba el gran Randalio de Saint
Louis, perspicaz hombre de estado, dotado de inteligencia y amor al pueblo. Randalio,
en su fuero interno, detestaba no solo al neoliberalismo sino a la renta básica
universal (RBU), que él veía como un adefesio neoliberal con ropajes
progresistas. Pero, hombre tolerante, nunca se había dedicado a combatirla. Sus
años de experiencia en el sector público le habían enseñado que a la hora de
diseñar políticas públicas no era bueno invertir mucho tiempo y energía en
debates teóricos interminables en los que cada uno se aferra a su esquema
mental. Era mejor concentrarse en buscar resultados y en lograr que las
políticas funcionaran bien con el mayor apoyo posible. Eso sí, le complacía ver
que en la república las cosas iban tan bien que nadie ni siquiera se molestaba
en mencionar la maldita RBU.
Un día, tuvo una reunión con su grupo de asesores para
evaluar la marcha del programa de empleo garantizado (EG).
"¿Cómo está funcionando el empleo en la
república?," preguntó Randalio.
"Macroeconómicamente va todo perfectamente,"
contestó uno de sus asesores. "La república ha mantenido, como
esperábamos, niveles de pleno empleo sin ningún brote inflacionario gracias a
la libre flotación cambiaria y al uso de los impuestos como herramienta para
reducir presiones excesivas sobre la demanda agregada. Donde ha habido ciertos
síntomas de malestar es en el frente micro. Nada grave. Nada que no se pueda
arreglar con unos cuantos cambios en el diseño."
"¿Qué problemas?," preguntó Randalio de nuevo, un
poco inquieto.
"Pequeños retrasos e ineficiencias, sobre todo en fases
adversas del ciclo. Cuando el sector privado empieza a despedir gente, la lista
de afiliados al programa se crece demasiado rápido y le cuesta un poco de
trabajo a los ministerios echar a andar todos los programas para emplear a los
afiliados. Por ejemplo, para construir una escuela se necesitan varios estudios
previos para decidir el tamaño y la ubicación. Y eso toma tiempo. Entonces a
veces terminamos pagando salarios a gente que está simplemente esperando a que
el proyecto arranque."
"Entiendo," dijo Randalio. "De pronto es que
hemos sido demasiado rígidos en el diseño del sistema. En lugar de tener a los
ministerios diseñando en sus escritorios todo tipo de programas, deberíamos tal
vez estar en un proceso constante de consulta con las comunidades para tener
siempre una buena cantidad de ideas frescas y útiles. ¿No te parece?"
Todos inmediatamente asintieron. Como siempre, Randalio
había demostrado una vez más su inteligencia y creatividad. Como consecuencia,
se descentralizó el programa EG. Ahora no estaría simplemente a cargo de los
ministerios sino que los municipios del país tendrían todos ellos un proceso
constante de consulta con sus respectivas comunidades, una banco de proyectos
listos para entrar en acción en cualquier momento del ciclo.
Meses después, Randalio convocó otra reunión para hacerle
seguimiento a la reforma. El clima de la reunión era mucho más favorable que el
de la última.
"La descentralización del EG ha sido un éxito,"
comenzó un asesor. "Se han reducido mucho las ineficiencias y retrasos.
Hay algunos pequeños casos más que todo porque a veces un municipio no tiene
suficientes desempleados para iniciar un nuevo proyecto. Hay, digamos, tres
fontaneros desempleados, no suficientes para construir una nueva escuela. El
otro día, por ejemplo, en un municipio una asociación de vecinos sin ánimo de
lucro nos dijo que se habían quedado sin su secretaria porque ella se había ido
a otra parte. Cuando fueron al ayuntamiento a ver si el programa de EG les
podía asignar alguien, les dijeron que no porque eso no era parte de ningún
proyecto aprobado por el EG."
"Pero eso es absurdo," dijo Randalio. "¿Me
dices que se trata de una asociación sin ánimo de lucro? ¿A qué se
dedica?"
"Hacen una muy buena labor. Tienen una casa donde las
madres solteras pueden dejar a sus niños cuando no están en el colegio y allí
les organizan actividades, pintura, música, ajedrez, en fin. En el pueblo la
estiman mucho. Es una asociación que funciona con el dinero que han ido
recaudando de familias y comerciantes de la zona, alguna que otra subvención,
pero como siempre, andan escasos de recursos. Todos allí trabajan más por
voluntad de servir que cualquier otra cosa," dijo el asesor.
"A mí me parece que el ayuntamiento pecó de excesivo
formalismo," dijo Randalio. "El banco de proyectos no debe
convertirse en un fetiche. Está hecho para servir a la comunidad."
"Sí. Eso nos decían en el pueblo. Alguien propuso que
se le debería permitir a las organizaciones sin ánimo de lucro emplear a las
personas afiliadas al programa EG y que fuera el EG el encargado de pagarles el
salario."
"Me parece razonable," asintió Randalio.
"Claro, hay que tener cuidado con eso. Debe existir un proceso muy
selectivo para que una organización sea elegible. Deberíamos crear un sistema de
organizaciones comunitarias, cooperativas, asociaciones de vecinos, en fin,
algo que aglutine a la sociedad civil y que todo grupo que pertenezca a ese
sistema sea elegible para emplear personas del programa EG."
Así se hizo. Se creó un sistema nacional de organizaciones
de la sociedad civil. Una lista de organizaciones acreditadas, que cumplían una
serie muy exigente de condiciones. Toda organización enviaba al EG local una
lista de vacantes donde describían el tipo de persona que necesitaban, las tareas
para las que la necesitaban, el lugar y demás condiciones. El EG local
comparaba esa lista con la lista de afiliados y procedía a hacer la asignación
correspondiente.
Meses más tarde, en otra de las reuniones de seguimiento,
otro asesor contó lo siguiente:
"Tuvimos una situación para la cual no estábamos
preparados en una ciudad. Resulta que en la lista del EG había un diseñador de
software y daba la casualidad que por esos días una de las organizaciones
registradas en el sistema había dicho que necesitaban un diseñador. Parecía que
todo iba perfecto, pero para sorpresa de todos, un día fue la directora de la
organización a hablar con la agencia local de EG con una petición muy extraña.
Resulta que llevaban mucho tiempo buscando alguien con esas cualificaciones
pero no tenían los recursos. Ese tipo de diseñadores ganan un 30% más que el
salario mínimo. Entonces, ellos temían que este diseñador se iría tan pronto
encontrara un trabajo en el sector privado, de modo que, para asegurar cierta
permanencia, querían que el EG le pagara más que el salario mínimo. Dijeron un
20% más, confiando en que él estuviera dispuesto a quedarse allí por esa
cantidad. En el ayuntamiento le dijeron que era imposible y ella se marchó
airada. Tengo entendido que en la organización hicieron unos cuantos ajustes de
gastos para poderle pagar al diseñador de software un suplemento al salario
mínimo del EG, es casi el 20%. De momento están confiados en que ya con eso se
resuelve el problema."
"En fin..." dijo Randalio con algo de estoicismo.
"La realidad a veces excede nuestros esquemas. Afortunadamente se llegó a
una solución."
La siguiente reunión trajo otra situación inesperada. Una de
las organizaciones del sistema que se dedicaba a gestionar huertas orgánicas
que surtían familias necesitadas quería abrir una nueva huerta. Todo estaba
listo. Inclusive habían conseguido ya las personas que iban a trabajar allí,
tanto jornaleros como agrónomos que estaban tan entusiasmados con el proyecto
que estaban dispuestos a ganar menos que en el sector privado. Habían ya
renunciado a sus empleos y se habían inscrito en el EG. Pero la agencia del EG
dijo que no los podía asignar todavía porque los requisitos del programa eran
que tenían que haber pasado un mínimo de dos meses en los que buscaran empleo
en el sector privado. Cuando pasaron los dos meses ya se había pasado la
temporada de siembra. ¿Por qué, preguntaba la junta gestora de la organización,
eran necesarios los dos meses? ¿No hubiera sido mejor permitirles empezar
actividades inmediatamente?
Randalio fijó la vista en un punto imaginario en el aire.
Era el gesto que hacía cuando estaba a punto de hacer gala de la profundidad
intelectual que tanto admiraban sus subalternos y asesores. Después de un rato
dijo: "Aunque parezca una simple cuestión de trámite, esta petición aborda
una cuestión muy de fondo. Me atrevería a decir que este es un momento crucial
para nuestra república."
Los asesores lo miraron asombrados, sin entender. Randalio
continuó, ahora ya con gesto más resuelto: "El EG está diseñado con el
objetivo de que nadie que esté en disposición de trabajar se quede desempleado.
Porque en últimas trabajo y empleo no son lo mismo. Trabajo es cualquier
actividad humana con un propósito, digamos, benéfico para la sociedad. Empleo
en cambio es un tipo específico de contrato que regula ciertos trabajos. No
todo trabajo es empleo. Pero, supuestamente, todo empleo es un trabajo en la
medida en que alguien, como mínimo el empleador, considera que esa actividad es
benéfica. Al fin y al cabo, si está dispuesto a pagar por ella, es porque le ve
algún beneficio. Con su actual diseño, el EG parte de la base de que existen
dos formas de evaluar si alguien está haciendo un trabajo benéfico para la
sociedad: o el sector privado está dispuesto a pagar por ese trabajo, o el
gobierno y su red de organizaciones de la sociedad civil le ven algún
beneficio. Pero a la base del EG siempre ha habido cierta deferencia hacia el
sector privado. Es decir, la premisa fundamental del EG es que esta república sigue
siendo una economía capitalista de mercado, solo que no vamos permitir los
excesos neoliberales y queremos que el Estado ofrezca ciertas garantías a los
ciudadanos. Fíjense que todo afiliado al EG tiene que pasar por un periodo de
dos meses. ¿Por qué? Porque se acepta que, en últimas, el sector privado es el
que tiene un mejor criterio para asignar a esa persona a alguna tarea
productiva. Solo en caso de que el sector privado no lo haga, entra el gobierno
con el EG a intervenir. En el esquema actual el sector privado es el líder y el
gobierno y la sociedad civil juegan un papel de reparto, ayudando a corregir lo
que el sector privado no hace. Fíjense en el caso del diseñador de software que
discutimos la reunión pasada. El EG le ofrece un salario mínimo mientras
encuentra trabajo en el sector privado pero no más. Es decir, desde el punto de
vista del EG, no hay ningún interés intrínseco en que esa persona se quede
trabajando en el sector sin ánimo de lucro. En este caso particular, la
organización fue capaz de ofrecerle un suplemento, pero desde el punto de vista
del EG, eso no pasa de ser una circunstancia afortunada. Al EG no le interesa
retener a esa persona en esa organización. Si el sector privado lo quiere
contratar, ofreciéndole el verdadero salario de mercado, peor para la
organización. Si combinamos las dos solicitudes que nos han hecho, vemos que,
en esencia, lo que nos están pidiendo es que rediseñemos el EG de manera que
abandone su tradicional deferencia hacia el sector privado. Por ejemplo, si
suprimimos el periodo de espera de dos meses, entonces cualquier persona puede
pasar del sector privado a nuestro sistema de organizaciones. Pero entonces, la
personas que ya están trabajando en esas organizaciones podrían renunciar y ser
contratadas nuevamente como parte del EG. De hecho, casi que sería justo
hacerlo ya que de no hacerlo así, estaríamos implícitamente castigando a
aquellas organizaciones que a fuerza de dedicación y experiencia han ido
construyendo su propia base de trabajadores. El EG estaría premiando
organizaciones jóvenes que no tienen casi empleados y que simplemente arrancan
a funcionar con un personal mínimo y luego acuden al EG para suplir el resto. Déjenme
incluso ir un poco más lejos. Hasta el momento el EG es el encargado de asignar
trabajadores a organizaciones. Es solo cuestión de tiempo antes de que las
organizaciones nos pidan ser ellas mismas las encargadas de entrevistar a los
trabajadores y decidir a quiénes contratan. En el momento en que hagamos eso,
ya el periodo de espera de dos meses pierde todo sentido porque ya las
organizaciones podrían simplemente entrevistar gente por su cuenta, pagarle un
pequeño auxilio mientras se espera los dos meses y ya. Ya no tendríamos un
programa de EG sino más bien un sistema permanente de subsidios a las
iniciativas de la sociedad civil. Algo muy distinto de lo que inicialmente
habíamos pensado."
"La disyuntiva es clara," prosiguió mientras los
demás lo miraban asombrados por la lucidez y velocidad mental con que iba
hilvanando todos los puntos. "Si queremos preservar el espíritu original
del EG tenemos que declarar que el Estado se reserva la tarea de asignar
trabajadores del programa a las organizaciones, que se mantiene incólume el
periodo de espera y que, de pronto, es necesario poner criterios más exigentes
para qué tipo de organizaciones pueden participar. En ese caso, lo que tenemos
es un sistema en el que se acepta la primacía del sector privado y el Estado se
encarga de mantener los límites del sector de la sociedad civil, con límites y
regulaciones que le impiden crecer y tener autonomía a la hora de contratar.
Si, por otro lado, suprimimos el periodo de espera y permitimos que las
organizaciones busquen el personal que quieran, o sea, si como venía diciendo,
convertimos este programa en un subsidio permanente al sector de la sociedad
civil, estamos diciendo que el sector privado no tiene primacía, que si bien
tiene ventajas respecto a los otros sectores, el Estado se compromete a reducir
esas ventajas."
"Sería gravísimo," dijo uno de los asesores.
"El EG dejaría de ser un sistema de estabilización macroeconómica."
"No necesariamente," dijo Randalio. "El
sistema seguiría funcionando igual, recibiendo desempleados y buscándoles
empleo. La única diferencia sería que ahora también recibiría personas que no
se han quedado desempleadas sino que simplemente quieren pasar del sector
privado al sector de la sociedad civil. Pero si alguien se queda sin empleo en
el sentido tradicional del término, no habría ningún problema: el EG le asignaría
un trabajo con el salario mínimo."
"Pero entonces el costo del programa se dispara.
Terminaríamos pagándole un salario mínimo a todas las personas que trabajen en
el sector no privado," dijo otro asesor.
"El hecho es," dijo Randalio, "que esta es una
decisión muy delicada que no podemos tomar aquí a toda prisa. Hay dos preguntas
que debemos abordar por separado. La primera es si resultaría factible ese
cambio. Luego, en caso de resultar factible, habría que saber si es deseable.
Yo creo que conviene encargar al Ministerio de Hacienda que nos simule algunos
escenarios sobre el costo. Yo, por mi parte, empezaré a consultar con el
Presidente de la República, congresistas y magistrados porque ya veo que si
decidimos hacer este cambio necesitaremos mucho apoyo político e incluso la
anuencia de la Corte Constitucional."
Dos semanas después Randalio convocó a una nueva reunión y
dijo:
"Bien. Comencemos por la parte política. He hablado,
como dije antes, con el Presidente, congresistas y magistrados y me han dicho
que, en principio, están dispuestos a apoyar lo que decidamos aunque, como les
hice ver, es una decisión compleja y será necesario que el proceso político
siga su curso. Ahora falta escuchar el informe de factibilidad elaborado por el
Ministerio," dijo mientras dirigía la mirada al funcionario encargado de
presentarlo.
Inmediatamente el funcionario comenzó: "El informe del
Ministerio es ambiguo. Hay varias opiniones. Los técnicos estudiaron varios
escenarios y lograron ponerse de acuerdo en lo siguiente: el salario mínimo
actual es de 700 minskys mensuales (la moneda local de la república). Hay
consenso en que ese programa aumentaría la presión sobre la demanda agregada
por lo que, para evitar brotes inflacionarios, sería necesario subir los impuestos.
Se formó una larga discusión entre los técnicos porque uno de ellos quería
escribir en el informe que habría que subir impuestos para poder financiar el
programa. Los demás le dijeron que ese lenguaje era de economistas neoclásicos
ortodoxos, que los impuestos no financian el gasto. En algún momento empezaron
a gritar todos sobre el papel del dinero. Finalmente yo los llamé al orden y
les dije que, fuera cual fuera el lenguaje que quisieran usar, todos estaban de
acuerdo en que sería necesario subir impuestos. Uno de los economistas dijo que
le parecía que el alza de impuestos que estaba prevista era demasiado grande y
que podía generar efectos muy complejos sobre los incentivos a la inversión y
cosas de esas. Dijo que si se iba a hacer eso, el preferiría un impuesto al
valor agregado o al consumo. Allí se formó otra discusión bastante complicada.
Después de un buen rato, se pusieron de acuerdo en que, a pesar de las
diferencias que podrían tener cuando se habla de 700 minskys, les parecía que
una suma de 600 minskys, que es lo que se estima como un mínimo de
subsistencia, era asumible con unos cuantos aumentos de impuestos (dijeron que
la mezcla exacta era lo de menos) dejando intacto todo el sistema de sanidad
pública universal, educación pública gratuita, infraestructura, etc.,
etc."
"¡Interesante!," dijo Randalio. "Tenemos ante
nosotros dos opciones. Una es, como dije en la reunión pasada, mantener intacto
el EG, protegiéndolo mediante regulaciones que lo mantengan bajo control
gubernamental (en especial la parte de la asignación de trabajadores a
empleos). La otra es convertirlo en un programa de "ingreso de
participación" donde el gobierno simplemente le da una ayuda a cualquier
persona que entre a trabajar en alguna de las organizaciones de nuestro sistema
del sector de la sociedad civil. En el primer caso, le garantizamos el salario
mínimo a todo el mundo. En el segundo caso, le decimos a todo ciudadano que se
quede sin empleo que puede contar con 600 minskys y que si quiere llegar a los
700 del mínimo tiene que conseguir alguna organización que lo contrate pagándole
los 100 restantes. A mí me preocupa que haya personas que no consigan ninguna
organización que los contrate, razón por la cual he insistido en que debemos
mantener el componente público del EG original. Posiblemente no sea necesario
utilizarlo mucho porque sería muy raro que haya alguien a quien ninguna
organización quiera contratar a ningún precio. Pero no importa. El Estado está
para proteger a todos los ciudadanos. Ahora bien, en este sistema de ingreso de
participación, habrá personas que se benefician más que con el EG. En
particular, aquellas personas a las que las organizaciones están dispuestas a
pagarles más de 100 minskys ya que estarían ganando más que el mínimo que
ofrece el EG. En el fondo son dos formas distintas de utilizar los recursos. El
ingreso de participación los distribuye entre personas con niveles de
cualificación muy distintos y le da a las organizaciones discrecionalidad de
que ellas decidan qué tipo de personas quieren contratar."
Después de muchas deliberaciones, el Congreso aprobó el
nuevo plan de ingreso de participación. Con el nuevo programa, toda persona que
quisiera entrar a trabajar en alguna de las organizaciones de la sociedad civil
(cooperativas, asociaciones sin ánimo de lucro, etc.) podía recibir una ayuda
de 600 minskys. Por otro lado, quien no quisiera hacerlo pero se encontraba
desempleado, podía afiliarse al EG original. El sistema siguió funcionando con
altos niveles de aceptación. La sociedad civil acogió entusiasta las reformas,
el sector cooperativo y sin ánimo de
lucro la consideró una pieza maestra de la nueva legislación. Algunos
empresarios y economistas conservadores se quejaron del aumento de impuestos
pero no tenían fuerza política suficiente para echar atrás el plan.
Tiempo después Randalio reunió a su grupo de asesores para
comentarles una novedad: "He recibido una carta del presidente de uno de
las grandes industrias del país. Me dice que están pasando un mal momento y
están pensando cerrar una de las plantas que emplea a 500 trabajadores. Entraron
en arduas negociaciones con el sindicato y acordaron un plan para amortiguar el
golpe. Según el plan, en lugar de 500 despidos habrá solo 200 y un
congelamiento de salarios por un periodo de dos años. Al principio no entendí
por qué me escribía para contarme todo esto. Al fin y al cabo, nosotros estamos
a cargo del EG, no de política industrial ni nada de eso. Pero acto seguido
encontré otra carta, esta vez enviada por el sindicato. Quieren saber si es
posible que los 200 trabajadores que van a ser despedidos, en lugar de tener
que afiliarse al EG pueden simplemente seguir en sus puestos y que el EG se
haga cargo de pagar sus sueldos. No sé qué contestar."
"¿Pero por qué están interesados en esa idea? ¿Se sabe
qué piensan los trabajadores que serían despedidos?," preguntó un asesor.
"Según el sindicato, la idea vino de los mismos
trabajadores. Dicen que no quisieran tener que esperar los dos meses del EG y
que además sería complicado para ellos empezar a aprender un nuevo trabajo,
tendrían tal vez que desplazarse a otro sitio mientras que ya viven muy cerca a
la planta. Ellos creen que se trata solo de una mala racha de la empresa y
quieren estar allí para cuando termine la mala racha. Temen que si se van,
después cuando mejoren las cosas no habría garantía de que los contraten de
nuevo."
"Hay que tener cuidado con esto," dijo otro
asesor. "Si aceptamos esta propuesta, cuando nos demos cuenta vamos a
estar subsidiando salarios a diestra y siniestra. Si vamos a hacer esto,
tendríamos que dejar muy claro que se trata de una medida estrictamente
provisional. Máximo un año. Si no, ¿qué garantía tenemos de que la empresa
simplemente siga usando el dinero del EG para pagarle a esos trabajadores
después de que haya pasado la mala racha?"
"Eso es verdad," dijo Randalio. "Pero también
hay que ver los beneficios. Hasta ahora hemos tenido un plan para curar el
desempleo lo cual no está mal. Pero si sabemos aprovechar esta coyuntura,
tendríamos un instrumento que podría llegar a servir para también prevenir el
desempleo. En lugar de esperar a que la gente se quede sin trabajo, podríamos
atacar el problema antes de que ocurra lo cual sería mejor para todos."
En ese momento un tercer asesor preguntó: "Perdón pero,
¿por qué estamos tan temerosos de continuar pagando el salario más allá de un
año?"
"Porque estaríamos subsidiando a la empresa cuando ya
está nuevamente obteniendo ganancias," contestó otro.
"Pero," replicó éste "de pronto no es tan
grave. Si aumentan las ganancias de la empresa, aumentan también sus impuestos.
Dicho de otra manera, a través del EG le estamos aportando mano de obra para
que aumente sus ganancias pero luego ese aporte se nos retribuye en forma de
impuestos que podemos usar para financiar otros programas sociales."
"¡Randalio!," exclamó otro asesor. "¿Vas a
permitir semejante herejía? Mira la barbaridad que acaba de decir nuestro
colega. Habló de fi-nan-ciar gastos del gobierno con impuestos. Cualquier
persona que conozca el ABC de la teoría monetaria moderna sabe que los
impuestos no financian el gasto. No pensé que incluso aquí en las altas esferas
del gobierno tuviéramos economistas ortodoxos que no han superado los esquemas
tradicionales."
Randalio sonrió benévolamente. "A ver, a ver, vamos por
partes. Para lo que aquí nos interesa la diferencia que mencionas es
irrelevante así que no es necesario llamar al Santo Oficio de la teoría
monetaria moderna. El hecho es que cada que lanzamos un programa social,
cualquiera que éste sea, estamos aumentando la demanda agregada. De manera que,
si estamos en una situación de pleno empleo, esto aumenta la inflación por lo
que, si queremos mantener la estabilidad de precios, es necesario subir
impuestos. Si lo quieres expresar en términos de la teoría monetaria moderna o
en términos ortodoxos, el resultado es el mismo. El hecho es que esos impuestos
adicionales que recaudaríamos nos darían más margen para más programas. Por
ejemplo, le he escuchado a la Ministra de Educación que según estudios del
ministerio, si se lograra poner en toda escuela del país programas para después
de clase (digamos, ayuda con las tareas, actividades extracurriculares, etc) se
tendrían excelentes resultados en prevención de drogadicción, en mejor
rendimiento académico, en fin. Es un tema que se está discutiendo mucho en
estos días. No vendría mal tener margen de maniobra fiscal para comenzar algo
así."
"Pero estamos ayudando a que las empresas del sector
privado se enriquezcan," dijo alguien en la reunión.
"Es verdad," contestó Randalio. "Pero no
necesariamente esto es malo. Si estructuramos bien los impuestos, puede
traducirse en beneficios para todos. Por ejemplo, con impuestos más
progresivos, o si gravamos a las empresas con tasas más altas, estamos poniendo
esa riqueza que se genera al servicio de aumentar la capacidad del Estado de
ofrecer servicios y podemos corregir las desigualdades que se generen. Es
cuestión de técnica tributaria. Tendríamos que estudiar la mezcla de impuestos
adecuada. Pero no es una idea desdeñable. Eso sí, tendríamos que mantener el EG
original. A mí me sigue pareciendo irrenunciable. Porque por más que este tipo
de subsidio de salarios pueda prevenir el desempleo de algunas personas,
siempre va a haber casos que se le escapan al subsidio, personas que van a ser
despedidas de sus puestos y tenemos que estar dispuestos a cubrirlas. Pero sí
es innegable que un sistema de este tipo nos facilitaría las cosas porque
tendríamos menos casos en el EG. El subsidio de salarios cumpliría un papel
preventivo y el EG se mantendría como lo que es, un sistema de última
instancia."
El debate en el Congreso fue intenso. No estaba claro cuál
debía ser la mezcla de impuestos para adaptarse al nuevo esquema. El Ministro
de Hacienda le pidió a Randalio que se decantara por alguna propuesta en
particular, bien fuera utilizar impuestos a la renta, impuestos a las ganancias
de las empresas o impuestos al consumo. Randalio le dijo que él prefería no
intervenir en ese debate. A su modo de ver, él debía concentrarse en mantener
el EG funcionando de la mejor manera posible. Para eso era fundamental que los
distintos actores políticos lo vieran como alguien al margen de ese tipo de
conflictos. Mientras el EG cumpliera con su propósito, es decir, asegurar que todo
ciudadano tuviera condiciones dignas de trabajo, él no debía meterse a opinar
sobre las finanzas subyacentes. Como suele suceder en estos casos, el resultado
fue una reforma tributaria bastante compleja. Se aumentaron algunos impuestos,
se redujeron otros, se crearon algunas exenciones, una que otra de dudoso
mérito técnico y que más parecían calculadas para comprar apoyos políticos al
paquete final. Pero en el neto se elevó el recaudo y el gobierno procedió a
lanzar el plan que se venía discutiendo sobre programas de actividades para
después de clase en todas las escuelas públicas. Incluso se pudo mejorar la
conectividad a internet en todas ellas.
En lo que sí intervino Randalio, porque era parte
fundamental del sistema EG, fue en el diseño de los subsidios. La propuesta
inicial había sido que el gobierno se comprometía a pagar salarios mínimos a
trabajadores en empresas privadas que estuvieran a punto de reestructurarse. Pero
entonces algunos empresarios preguntaron ¿por qué era necesario esperar a la reestructuración?
¿No sería bueno permitirle a empresas que no estuvieran en crisis acudir al EG?
Bien podía haber trabajadores en el programa EG a los que las empresas no estaban
dispuestos a contratar por 700 minskys pero sí por, por ejemplo, 400 minskys.
Según esa propuesta, la empresa podría pagarle los 400 minskys y el gobierno
los otros 300.
"En el fondo," explicó Randalio a su grupo de
asesores "lo que estas empresas quieren es que se les extienda a ellas
algo parecido al programa de ingreso de participación. No lo sé... Tengo que
pensarlo con calma."
"¿No se corre el riesgo de desnaturalizar el programa
EG?," preguntó un asesor.
"No creo. O por lo menos no es evidente por qué habría
de ser así," contestó Randalio. "Si un trabajador no recibe ninguna
oferta de ninguna empresa, sigue trabajando en el EG como si nada. Así que todo
ciudadano sigue cubierto, se mantiene la garantía de trabajo digno para todos.
Sería un mecanismo para evacuar más rápidamente los casos del EG. En caso de
una recesión, en lugar de esperar a que las empresas se recuperen del todo y
quieran contratar a estos trabajadores a 700 minskys, los pueden empezar a
contratar a 500 minskys. El proceso fluiría más rápido. La gente pasaría menos
tiempo en el EG."
"Pero Randalio," comentó un asesor "esto hay
que pensarlo muy bien. Fíjate que, implícitamente, la propuesta le quita al EG
la potestad de asignar trabajadores ya que le da a las empresas la facultad de
escoger a quienes contratan. Se parece mucho al problema que tuvimos con las
organizaciones de la sociedad civil."
"Eso es verdad," dijo Randalio. "Pero
mientras más lo pienso más problemas le veo a la famosa lista. El EG tal como
ha venido funcionando implica que el gobierno lleva una lista de trabajadores y
decide a dónde los asigna sin que los posibles empleadores influyan en la
decisión. Eso, digamos la verdad, es un poco arbitrario. No estaría mal que las
empresas pudieran ellas mismas decidir a quién contratan. A menos que decidamos
tajantemente que nadie que esté en el EG puede desempeñar una labor en el
sector privado. Pero fíjate que eso tendría un costo para los trabajadores que
están en el EG: les estamos quitando a ellos la opción de entrar a puestos que
les pueden interesar más que lo que nosotros les estamos ofreciendo. Les
estamos diciendo que tienen que trabajar con nosotros hasta que las empresas
del sector privado decidan que las condiciones de demanda son tales que les van
a pagar 700 minskys, pero antes no. Repasemos la secuencia que hemos seguido.
Al comienzo, el EG tenía una puerta de entrada y una de salida: entrabas porque
te habías quedado desempleado, salías porque habías conseguido trabajo. Luego
vimos que esto generaba muchos problemas micro con las organizaciones de la
sociedad civil de modo que creamos otra forma de entrar. Ahora puedes entrar al
EG simplemente porque quieres trabajar en alguna organización reconocida. En
ese caso no sales del EG sino que solamente recibes 600 minskys. Con la nueva
propuesta se crean otras formas más de entrar y salir. Por una parte, puedes
entrar al EG si la empresa en la que trabajas está a punto de entrar en
reestructuración. Por otro lado, puedes salir del EG si encuentras un trabajo
en el sector privado que te pague menos de los 700 minskys y en ese caso el
gobierno completa el faltante. Hemos avanzado hacia la creación de un sistema
más flexible desde todo punto de vista y, lo que más me gusta, no hemos
renunciado en lo absoluto a nuestra meta original de garantizar empleo digno
para todos."
Acordaron que el problema merecía una segunda reunión a la
semana siguiente, semana que usarían para pensar posibles soluciones. Randalio
dio inicio a la reunión con aire resuelto y optimista.
"Creo haber encontrado la solución," dijo.
"Comencemos por recordar cuáles son nuestros objetivos. Primero, queremos
asegurarnos de que toda persona tenga acceso a un empleo digno sin importar la
fase del ciclo económico en la que estemos. Segundo, queremos evitar presiones
inflacionarias indebidas. Tercero, queremos mantener y si es posible mejorar la
provisión de servicios públicos como la
educación, la sanidad, la infraestructura, la investigación básica, etc.
Cuarto, aunque entiendo que tal vez algunos aquí no le den importancia pero es
un objetivo que cada vez valoro más, queremos, está bien, yo quisiera, que le
diéramos un impulso al sector de la sociedad civil para que la economía no esté
siempre en función de los beneficios privados sino que existan asociaciones,
cooperativas y otras cosas similares que ofrezcan control democrático sobre los
recursos. Por último, queremos un sistema que mantenga flexibilidad para que no
nos enfrentemos a las dificultades micro de antes. Es decir, un sistema en el
que la gente cambie de un trabajo a otro de la manera más eficiente posible,
sin obstáculos burocráticos ni demoras innecesarias. Ahora bien, ¿cómo lograr
esos cuatro objetivos? Lo primero que hay que reconocer es que ningún
instrumento los puede lograr todos al mismo tiempo. Pero no necesitamos
limitarnos a un solo instrumento. Entonces, mi idea es la siguiente. El primer
objetivo lo logramos con nuestro EG original. Toda persona que no encuentre
empleo, puede afiliarse al programa y el gobierno le da un trabajo al salario
mínimo. Como ya sabemos, este sistema no genera presiones inflacionarias porque
se reduce automáticamente cuando cae el desempleo agregado. En cuanto al tercer
objetivo, no hay mucho que tengamos que decir aquí. Pero lo que sí sabemos es
que gracias al actual sistema tributario el gobierno está ofreciendo una red
generosa de servicios sociales y de inversión pública sin generar inflación. Algunos
aquí dirán que nuestro actual nivel de gasto está adecuadamente financiado,
otros dirán que eso es un concepto ortodoxo y que es mejor pensar en el gasto
como algo que el gobierno puede hacer sin necesidad de financiarse. En fin, eso
es problema de cada uno y de su teoría monetaria. Aquí lo que nos interesa es
que la actual provisión de servicios no genera inflación. Esto quiere decir que
si diseñamos un mecanismo que ni aumente ni disminuya el déficit fiscal, no
tenemos por qué preocuparnos de problemas de inflación. Es decir, cualquier
mecanismo que cumpla con ese requisito va a ser compatible con nuestro segundo
objetivo y no afectará para nada al tercero. Nos quedan, por tanto, dos
objetivos más. Por el momento olvídense del cuarto objetivo. Volveremos a él
más adelante. Entonces, el quinto objetivo se podría lograr de la siguiente
manera: reestructuremos el impuesto al ingreso introduciéndole un componente
que a veces es positivo, a veces es negativo. Es decir, digamos que toda persona
que gane más de 700 minskys paga algún impuesto. Progresivo o lineal, de
momento es lo de menos. Eso habría que estudiarlo. Lo importante es que, como
ya dije, ni aumente ni disminuya el déficit fiscal. Ahora, toda persona que
gane menos de 700 minskys recibe un subsidio hasta los 600 minskys."
"No entiendo," preguntó alguien. "¿Eso qué
tiene que ver con el quinto objetivo?"
"Te lo explico con un ejemplo. Supongamos que hay
alguien desempleado en este momento. No ha encontrado ninguna empresa que lo
quiera contratar a 700 minskys. Si quiere, puede afiliarse a nuestro EG y le
damos un trabajo. Pero de pronto hay alguna empresa que lo quiere contratar a 500
minskys. Entonces con este sistema recibe los mismos 700 minskys de antes: 500
de la empresa y 200 del subsidio. Es decir, cualquier persona puede cambiar de
un trabajo al otro, independientemente de lo que las empresas estén dispuestas
a pagar en ese momento, sabiendo que, pase lo que pase, va a ganar siempre un
mínimo de 700 minskys. Así no estamos poniéndole trabas a un desempleado,
obligándolo a esperar en nuestro EG. Puede salir cuando encuentre un trabajo
que le pague menos y sabemos que sigue recibiendo 700 minskys."
"¿Pero, y si el trabajo que le ofrecen no le da
derechos y condiciones dignas?," preguntó un asesor asombrado.
"No tiene por qué aceptarlo," contestó Randalio.
"Recuerda que nuestro EG sigue funcionando. Si quiere puede seguir
trabajando en nuestro programa. Ahora, si por ejemplo, le ofrecen un trabajo
con un sueldo bajo y sin derecho a vacaciones, pero con la posibilidad de que
dentro de un año le aumenten el sueldo y le den su derecho a vacaciones, ¿no
sería mejor que fuera él el que decidiera si lo acepta o no? Nosotros le
estamos garantizando su ingreso de 700 minskys. Que sea él el que decida qué
quiere hacer más allá de eso."
"Pero ese sistema no tiene estabilizadores
macroeconómicos," añadió otro asesor.
"Yo diría que sí tiene un estabilizador en tanto que
cuando caen los ingresos aumenta el subsidio y cuando suben los ingresos baja
el subsidio. A ti parece que lo te inquieta es el problema del pleno empleo.
Pero, insisto, no hemos tocado para nada nuestro EG tradicional," contestó
Randalio y de inmediato continuó: "Veo que nadie me ha preguntado por el
cuarto objetivo. Sé que a muchos no les interesa, pero a mí sí. Las discusiones
que hemos tenido últimamente me han convencido de que el EG, por sí solo, deja
en una situación muy limitada al sector de la sociedad civil, lo obliga a ser
siempre el actor de reparto. Pero a mí me gustaría que ese sector tomara más
fuerza. Eso es algo que me gustaba de nuestro esquema de ingreso de
participación y no me gustaría perder ese ingrediente en esta reforma. Pero
entonces, yo me pregunto, ¿qué tan grande debe ser ese sector? ¿Deberíamos
impulsarlo tanto que se convierta en el sector dominante, o más bien debería
estar a la par con el sector privado? La verdad es que no lo sabemos. Es algo
que nosotros no podemos legislar. Nadie sabe si, digamos, todos los
electrodomésticos deban ser producidos por cooperativas, o por empresas del
sector privado, o cual es la combinación adecuada. De pronto las cooperativas
no están en condiciones de atender toda la demanda de electrodomésticos. De
pronto hay algunos bienes de mercado muy incierto, bienes nuevos sobre los
cuales no hay experiencia suficiente, y sería inclusive injusto esperar que una
cooperativa arriesgara mucho tratando de producirlos. Allí tal vez un
inversionista privado puede estar más dispuesto a correr el riesgo. No lo sé...
todas estas cosas son muy complejas. Hablamos mucho de que la economía debe
estar al servicio de los seres humanos y no de las ganancias, y yo mismo estoy
convencido de eso, pero en la práctica nos surgen muchísimas dificultades para
aplicar ese principio. Por eso, mi idea es la siguiente: el sistema de
impuestos y subsidios que estoy proponiendo ya contiene un subsidio implícito a
empresas que no sean rentables a precios de mercado. Con este subsidio una
asociación de vecinos puede garantizarle a cualquiera que quiera trabajar con
ellos que podrá ganar como mínimo 700 minskys así la asociación misma no tenga
la capacidad de pagárselos todos. Ahora, por supuesto que este subsidio, a
diferencia del sistema que tenemos hoy en día, no distingue entre sectores.
Este subsidio lo puede recibir alguien que trabaje en el sector privado, o en
el sector cooperativo, o en una organización no gubernamental o lo que sea. Entonces,
¿no sería mejor mantener el requisito de que el subsidio solo se puede usar en
organizaciones de la sociedad civil? En teoría suena muy bien. Pero fíjense que
para que el sistema funcione bien hemos tenido que construir una red de
organizaciones, con muchos requisitos de acreditación. Y eso está bien. Yo creo
que si de verdad queremos fortalecer la sociedad civil, debemos exigirle a ella
misma que cumpla con ciertos requisitos y no que cualquier par de individuos se
autodeclaren sociedad civil. Pero por otro lado, nuestro sistema de
acreditación implica que muchas iniciativas muy pequeñas se tomarían tiempo en
lograr entrar al sistema, iniciativas que pueden ser valiosas. Es más, podría
incluso darse el caso de personas que quieren autoemplearse con algún fin
socialmente benéfico. Un sistema de acreditación muy complejo no permitiría ese
tipo de cosas. Entonces, se me ocurre que podríamos simplemente separar los dos
instrumentos. Es decir, utilizaríamos el impuesto/subsidio como un mecanismo
para garantizar que toda persona tenga un ingreso mínimo de 700 minskys y que
de ese modo pueda entrar a contribuir en el sector que quiera, privado,
cooperativo, asociativo, autoempleo, lo que sea. Por otra parte, el Estado
utilizaría el actual sistema de acreditación de organizaciones para canalizar
allí iniciativas de apoyo a la sociedad civil. Por ejemplo, los municipios
podrían darle preferencia a cooperativas a la hora de comprar algunos bienes y
servicios. Podríamos contratar obras públicas con ese tipo de organizaciones,
sabiendo que tienen la solidez, la experiencia, la reputación en fin, todo
aquello que podemos obtener gracias a nuestro sistema de acreditación."
"¿No se podría también," interpeló alguien
"que los municipios asignaran parte de su presupuesto a organizaciones que
ya están registradas en el sistema?"
"Es otra posibilidad," asintió Randalio. "En
fin, hay muchas opciones, muchos mecanismos mediante los cuales podemos
impulsar la economía social."
"¿Pero no habría el riesgo de que alguien en el futuro
decida desmantelar toda esa red de economía social e incluso usar el esquema de
tu impuesto/subsidio para privatizar los servicios sociales?," preguntó
otro asesor.
"Puede ser..." dijo Randalio con algo de
resignación. "Lamentablemente nosotros no podemos atarle las manos a las
futuras generaciones. Si el día de mañana alguien quiere echar abajo todo lo
que hemos construido y volver a imponer el neoliberalismo, será cuestión de la
sociedad en ese momento impedírselo."
"¡Pero fíjate que en cambio el EG no tiene ese
problema!"
"¿Estás seguro?," preguntó Randalio.
"Primero, el EG se puede abolir, como cualquier otra cosa. Un futuro
gobierno neoliberal podría matarlo lentamente de muchas maneras. Por ejemplo,
podría ofrecer unos empleos muy malos, en instalaciones decrépitas, en sitios
muy remotos, de modo que la gente le vaya perdiendo aprecio al EG. Podría
utilizarlo para erosionar los sindicatos del sector público, por ejemplo.
Pondría a personas del EG a hacer trabajos que ya están haciendo funcionarios
públicos sindicalizados. Inclusive, lo cual sería aún más perverso, podría
utilizar el EG ¡para debilitar sindicatos privados! ¿Te imaginas, por ejemplo,
que una empresa privada decidiera tercerizar puestos de trabajo con personal
del EG? Sería una monstruosidad. Sería destruir la esencia misma del EG. Pero
un gobierno que quiera matar al EG lo puede hacer. Cuando nosotros no estemos
aquí, no podremos hacer nada para impedirlo."
"¿Y qué pasaría si alguien simplemente no quiere
trabajar? ¿No le estamos dando 700 minskys por no hacer nada?"
"A mí no me preocupa mucho ese problema," dijo
Randalio. "Pero bueno, si les parece que es un problema muy grave,
podríamos introducirle un pequeño cambio al impuesto. Podríamos decir que a
toda persona se le garantiza un ingreso de 600 minskys (o 500, lo que quieran,
yo diría 600) pero que si es capaz de demostrar que está trabajando en alguna
parte, cualquiera, una empresa de cualquier sector, entonces se le garantizan
los mismos 700 de antes."
En ese momento uno de los asesores más jóvenes y fogosos,
una joven promesa del equipo, conocido por su radicalismo, estalló:
"¡Randalio esto es inaudito! Me atrevería a pensar que te has vendido al
neoliberalismo. Lo que estás proponiendo es ni más ni menos que un sistema de
renta básica universal."
Randalio lo miró comprensivo y sonrió: "No te falta
razón. Mi plan tiene tres componentes: un EG, un sistema de RBU y una serie de
políticas de promoción de la economía social. Hasta donde veo, es un plan que
reconcilia los cinco objetivos que propuse al comienzo de la reunión. Son cinco
objetivos muy difíciles de lograr por separado, mucho más en conjunto. Un plan
que los combine tiene mucho a su favor. Tendrá imperfecciones como todo, pero
tiene la ventaja de que nos permite ir aprendiendo por el camino. Podemos ir
calibrando qué cantidad de RBU es conveniente, podemos ir aprendiendo cuáles
son las mejores maneras de promover la economía social, todo eso sin arriesgar
el bienestar de la gente, garantizándoles siempre un mínimo de subsistencia y
un empleo digno y sin crear excesivas trabas burocráticas que terminen por
deslegitimar el sistema. Si me lo preguntas, diré que no está nada mal. Ahora,
te diré también que a mí los rótulos me tienen sin cuidado. Si tú crees que
este es un plan neoliberal, estás en libertad de decirlo. Tú sabes que yo ante
todo soy muy tolerante. Yo por mi parte prefiero centrarme en los resultados
del programa. Si algo he aprendido en todo este tiempo es que la realidad está
llena de complicaciones que nunca podemos prever del todo. Los rótulos nos
inducen a falsas certezas, a creer que lo sabemos todo cuando en realidad hay
muchísimas cosas inesperadas y nos conviene estar abiertos a todo tipo de
sorpresas buenas y malas. Yo siempre había desdeñado la RBU. Me parecía muy
inferior al EG y recuerdo muchísimas reuniones donde todos nos congratulábamos
mutuamente por lo brillantes que éramos al darnos cuenta de eso y nos
maravillábamos con la belleza de nuestro plan. Pero ahora he visto que nuestro
plan tenía dificultades. No era un mal plan. Para nada. Yo sigo creyendo en los
valores que siempre he defendido y mi actual propuesta así lo confirma. Pero en
un mundo cambiante necesitamos darle oportunidad a la gente para que busque
alternativas que ni tú ni yo ni nadie en esta reunión puede anticipar. La RBU
es un buen instrumento para eso. Respeta la espontaneidad de los individuos y,
dentro del marco que le estamos creando aquí, ayuda a reafirmar nuestro
compromiso con la igualdad y la justicia social y la búsqueda de una economía
al servicio de la gente."
