La Constitución Colombiana Cumple 20 Años. (I)

Si en Colombia numeráramos las "repúblicas" como hacen los franceses (o ahora los venezolanos, por lo menos los chavistas), podríamos decir que estamos en vísperas del vigésimo aniversario de una nueva república. Tendríamos que discutir qué número es porque la Constitución del 86 sufrió cambios importantes que tal vez ameritaban un nuevo número. (Por ejemplo, las reformas del 36.) Pero sea como sea, la efemérides del próximo 4 de Julio es muy importante, digna de más realce que el que se le ha dado.

Por eso me parece una saludable coincidencia que tres de los economistas más distinguidos de El Espectador le hayan dedicado su columna a hacer un balance de la nueva constitución (Carrasquilla, Montenegro y Kalmanovitz). Así que me pienso unir a la fiesta; para mí los eventos del 91 fueron una parte muy importante de mi formación política.

Yo era estudiante universitario en aquellos tiempos y puedo decir que presencié relativamente de cerca algunos de los eventos en torno a la "séptima papeleta." Mi intervención no fue importante; fui poco más que un espectador con boletas de platea (no siempre en primera fila). Era, como tantos otros de mi medio, simpatizante acérrimo de la "séptima papeleta" y de alguna manera sentía que ese era "nuestro" momento en la política.

Sin embargo, a diferencia de muchos de mis compañeros de universidad, yo tenía cierta predisposición a ser un poco más escéptico respecto a papel de los estudiantes. Cuando miro hacia atrás veo que mi escepticismo estaba más o menos en lo correcto aunque no siempre por las razones correctas.

Para entender mi escepticismo, con sus aciertos y errores, hay que ubicarnos en el contexto. Yo sé que hay quienes hoy en día asocian el ímpetu inicial de la Constitución con el asesinato de Galán. Al fin y al cabo, la séptima papeleta fue una idea surgida pocos días del magnicidio. Pero esa versión ignora varios hechos.

Desde mediados de los 80, Colombia había entrado en algo que podríamos llamar un "momento constitucional." Desde los tiempos de los diálogos de paz de Betancur con las guerrillas echó raíces en buena parte de la opinión la idea de que el fin del conflicto pasaba por un conjunto de reformas constitucionales. Intentos de reforma había habido antes. López Michelsen siendo presidente propuso algunas reformas aunque de ello no salió mayor cosa. Pero la diferencia era que esta vez las reformas (cualesquiera que fueran) se veían, como lo vino a decir después Gaviria siendo presidente, como un nuevo "tratado de paz." Es decir, un proceso constituyente, bien fuera de reformas o de total refundación, era visto ahora como la oportunidad de acabar con el conflicto armado. (Esto le debe sonar muy extraño a los lectores de menos de 25 años, pero era así.) El primer slogan de la Unión Patriótica era, por ejemplo, "paso a la paz, paso a las reformas."

Aunque la Administración Barco no creía en la estrategia de diálogo de Betancur, sí que creía en la necesidad de un proceso constituyente como paso esencial hacia la paz. Hoy en día se olvida que, antes de la séptima papeleta, el gobierno de Virgilio Barco ya estaba estudiando y proponiendo fórmulas para hacer reformas constitucionales que no pasaran por el Congreso. Es más, ya había pasado una especie de cuota inicial de las reformas: la elección popular de alcaldes.

Cuando comenzó la agitación de la séptima papeleta, yo no me asociaba con los hechos como estudiante de universidad privada de élite (que lo era) sino con la "identidad optativa" que ya para ese entonces había adquirido: simpatizante de los partidos de izquierda. Entonces, para mí la séptima papeleta no era más que una innovación logística que venía a romper el nudo gordiano en el que se había estancado la política desde hacía varios años: la imposibilidad de hacer reformas constitucionales sin pasar por el Congreso, unida a la certeza (acertada o no) de que el Congreso nunca haría las reformas que aquellos en la izquierda queríamos. Es decir, para mí la séptima papeleta no estaba iniciando nada nuevo. Simplemente estaba ayudando a superar un escollo de un proceso que venía de atrás, un proceso que la izquierda veía cada vez más como su única posible tabla de salvación. No hay que olvidar que el exterminio de la Unión Patriótica ya se había desencadenado con toda su furia desde hacía varios años.

En eso creo que los años han terminado por darme la razón: los estudiantes no pudieron conservar ningún liderazgo significativo en el proceso constituyente. Una vez desencadenado el proceso, los actores políticos más convencionales adquirieron de nuevo su protagonismo, para bien y para mal.

En otras cosas me equivoqué. Yo pensaba en aquella época que la Constituyente iba a marcar un giro del país hacia la izquierda; ahora sabemos que la realidad fue mucho más compleja. ¿Por qué creía yo eso? Fácil: porque hasta ese momento las reformas que se habían hecho, y las que se habían propuesto, habían emanado de negociaciones entre el "establecimiento" y los grupos insurgentes.

Obviamente, la reforma menos controversial, la elección popular de alcaldes, fue la primera que pasó. La izquierda la acogió entusiasta; la Unión Patriótica ganó varias alcaldías. Pero en verdad era una idea que venía de tiempo atrás con apoyo del Partido Liberal y de conservadores como Alvaro Gómez. Esto no cambiaba mi cálculo inicial: el proceso constituyente terminaría por abrir espacio a nuevas fuerzas políticas y esas fuerzas eran de izquierda.

Al comienzo mis cuentas parecían estar saliendo bien. Hoy se ha olvidado casi por completo que las primeras encuestas le daban al M-19 casi la mitad de los escaños de la Constituyente. Claro, podemos discutir hasta qué punto el M-19 tenía una ubicación ideológica clara, pero no hay duda de que aglutinaba varios sectores de izquierda. Si a eso le sumamos que otros grupos de izquierda podían acceder por su cuenta y que posiblemente las guerrillas obtendrían escaños adicionales, no era descabellado pensar que la Constituyente iba a ser dominada por la izquierda.

¿Qué pasó? Primero los partidos tradicionales reaccionaron relativamente rápido y bien al batacazo de las encuestas. El Tiempo hizo su parte usando todas sus primeras páginas para titulares alarmistas y escandalosos reviviendo la hecatombe del Palacio de Justicia porque, claro, nada más relevante para los lectores bien informados que cubrir detalle a detalle eventos que habían ocurrido hacía ya seis años... Por su parte, las FARC terminaron por no unirse al proceso. (En algo debió contribuir el hecho de que les bombardearon su principal campamento el día de las votaciones...)

A pesar de esos elementos circunstanciales, las elecciones de la Constituyente fueron tal vez el mejor momento de las fuerzas de izquierda en Colombia. El M-19 obtuvo casi el 30% de los escaños. Si a eso le sumamos los escaños obtenidos por liberales de izquierda (como Horacio Serpa, a la postre co-presidente de la Asamblea junto con Antonio Navarro) y otros escaños tales como el que obtuvo el EPL, uno hubiera podido creer que la Asamblea elegida era el cuerpo representativo más progresista elegido en Colombia en muchísimos años.

Pero la realidad no es fácil de encasillar en categorías tan simples y el proceso constituyente fluyó por cauces muy distintos a los que mis cálculos simplistas preveían. Para empezar, yo subestimé la fuerza de los partidos tradicionales. Por aquella época era común entre algunos izquierdistas hablar del inminente "realinderamiento" de los partidos (tema al cual ya me referí aquí). Los partidos colombianos sí estaban debilitados pero no tanto como para no poder salir a pelear en forma la que podía ser la elección más importante de las últimas décadas. Al final de cuentas, el Partido Liberal quedó con 20 escaños, el ala conservadora de Alvaro Gómez (el "Movimiento de Salvación Nacional") quedó con 12 y el Partido Conservador oficialista con 7.

Por otro lado, mi ingenuidad de aquella época me impidió ver lo que debía ser obvio: un proceso constituyente casi nunca es un proceso revolucionario. Las revoluciones escriben constituciones, pero las constituyentes no hacen revoluciones. Es más, la Asamblea Constituyente colombiana se convocó precisamente porque iba a ser un sustituto a cualquier posible revolución. Es decir, de la Constitución no podían esperarse demasiados cambios. Era una apuesta reformista. Eso no está mal. Los procesos reformistas muchas veces dejan cosas muy buenas y, adelantándome al final, yo creo que el proceso constituyente le hizo mucho bien al país. Pero, por su naturaleza, un paquete de reformas pactadas entre tantos sectores tiene que terminar siendo algo muy complejo que va a dejar insatisfechos a todos en algún aspecto importante.

La Constitución del 91 es tal vez la más legítima de la historia de Colombia. No es perfecta porque nada humano lo es. Pero representa un momento ilustrado de la política colombiana. Pocos países buscan salir de una crisis como la de Colombia en aquella época mediante un ejercicio constituyente. Claro, hay algunos aspectos poco comprensibles en retrospectiva. Por ejemplo, para muchos colombianos en aquella época la Constituyente era percibida como la respuesta a la crisis desencadenada por el asesinato de Galán. Pero, claro está, la Constitución de 1886 también prohibía asesinar candidatos presidenciales... En cierto modo sí hubo algo de fetichismo constitucional, de creer que por cambiar las leyes la sociedad iba a cambiar. En eso no le falta razón a Carrasquilla. Pero a mí ese fetichismo no parece motivo de sorna y burla como le parece a Carraquilla. (Hay que recordar que Carrasquilla fue ministro del presidente que más ha hecho por acabar con la Constitución del 91...) El país no se arregló. Pero de ese gran ejercicio democrático quedaron varias cosas.

Por ejemplo, quedó la noción de "estado social de derecho." Es decir, Colombia se declara una comunidad que busca la justicia social, cosa que le parece horrible a libertarios estilo Carrasquilla, pero guiándose siempre por los principios de la legalidad y el libre examen. Quedaron consagrados principios de acceso a la justicia, como la tutela, que han mejorado muchísimo la vida de los colombianos. Es una constitución que afirma una gama esencial de derechos humanos y ofrece herramientas para defenderlos.

Todavía tengo cosas qué decir, en especial acerca de los aspectos económicos comentados por Carrasquilla, Montenegro y Kalmanovitz. Pero como esto se está alargando mucho, voy a parar aquí de momento.