En principio sí. En teoría, el gobierno hubiera podido llegar a un acuerdo político con las FARC que concluyera con la incorporación de éstas a la vida civil y la dejación de armas. Así, supuestamente habría desaparecido toda necesidad de las AUC y el Estado hubiera podido dedicarse a combatir a las bandas de renegados, tanto de la guerrilla como de las autodefensas, ambas reducidas ahora a su mínima expresión.
Todos sabemos que eso no pasó y, por interesante que sea el tema, no me voy a detener aquí a discutir por qué. (Otro día.)
Lo importante aquí es notar que ambas opciones, no solo la "seguridad democrática" son compatibles con la preservación de la legitimidad del Estado colombiano emanado de la Constitución del 91. Esto es importante porque uno de los artículos de fe del uribismo, como lo expresa el mismo Restrepo, es que sólo ellos han sido los que han preservado la institucionalidad. (Ya tendremos ocasión de ver que ni siquiera eso, pero en fin...)
Todo esto es un desvío larguísimo para llegar a un punto obvio: la "seguridad democrática" (y no, no le pienso quitar la comillas) no es un simplemente un mecanismo neutral de defensa del Estado. Es un mecanismo de defensa de un tipo de Estado particular: el Estado que resultó de la guerra de los 80s y 90s. Es decir, no es solamente la defensa de unos principios formales de democracia política y del imperio de la ley, es tambien la defensa de un sistema de poderes fácticos que se consolidó como resultado de la guerra sucia de los paramilitares.
En cierto modo me da algo de pena gastarle tanto tiempo a algo tan obvio. Pero resulta que no es obvio para todos. En particular, este es, a mi juicio, el error fundamental del "uribismo de izquierda" (que lo hay).
Con esto llego a la "parte congrua" de esta serie de apuntes. ¿Cuál es el papel de dichos poderes fácticos? ¿Qué implicaciones tienen para la democracia y el posible fin del conflicto? Preguntas interesantísimas todas ellas que, lamentablemente, tendrán que esperar hasta mañana.
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