Cuando yo empecé a adquirir uso de razón política, por allá en los tiempos de Betancur, una de las cosas que definía a la izquierda, incluso la desarmada, era su apoyo a los procesos de paz con la guerrilla. En buena medida me atrevo a decir que esta sigue siendo la posición dominante dentro de la izquierda democrática pero he notado en los últimos años el surgimiento de una nueva tendencia. Nadie discute que el Estado tiene derecho de atacar a las FARC. Pero la pregunta es si, aparte de combatirlas, el Estado tambien tiene que buscar un acercamiento político con ellas y, si lo hace, en qué términos.
Yo he venido sosteniendo una tesis que no todos comparten: creo que para la izquierda es importante insistir en una solución negociada y que si se llegare a producir una derrota militar de las FARC, el orden político resultante sería adverso a la izquierda. Si quieren, llámenlo la "opción Barrancabermeja," es decir, cuando se elimina por la vía militar a la guerrilla, se le cierra tambien el espacio político a la izquierda democrática.
No es evidente que así tenga que ser. Sé que en el Polo Democrático hay gente que piensa que, por el contrario, si las FARC se acabaran, así fuera sin proceso de paz, vendrían los mejores tiempos para la izquierda.
La respuesta a esto depende, en parte, de los métodos que se utilicen para acabar con las FARC. Todos estamos de acuerdo (por lo menos cuando he sostenido esta discusión), en que si la derrota de las FARC ocurre a manos de un operativo de "guerra sucia," otra vez, como en Barrancabermeja o en Urabá, entonces sí que se cierra el espacio político de la izquierda ya que, por definición, esos operativos atacan las organizaciones políticas de izquierda (sindicatos, asociaciones de campesinos, organizaciones de derechos humanos, etc.).
Pero discutamos un caso más complejo. ¿Qué pasa si la derrota de las FARC ocurre a manos de un Ejército puramente institucional, legítimo, respetuoso de los derechos humanos? No es un debate ocioso porque, seamos justos, en el Ejército colombiano hay sectores así. Cuando le pregunto a gente que sabe de esto, todos coinciden, incluso los más críticos, en que la mayoría del Ejército es legalista.
En teoría, en ese caso volveríamos al escenario "Baader-Meinhoff" al que me referí hace unos días y la izquierda democrática no tendría nada que temer. Pero no estoy muy seguro por dos razones.
Primera, como nos lo han demostrado los últimos años, el ataque frontal, puramente militar a la guerrilla envenena el clima de opinión en contra de la izquierda. Se me dirá que lo que hemos visto en estos años es una operación de propaganda macartista lanzada por el gobierno Uribe y que eso es una anomalía que no tiene por qué ocurrir bajo otro gobierno. Es probable pero yo sería muy cauto en este sentido. Al fin y al cabo, en situaciones de este estilo siempre habrá organizaciones políticas de izquierda, así sean independientes, que están justo al borde de la legalidad, a veces porque simplemente no puede ser de otra manera en zonas de conflicto. Entonces, cuando una organización de esas es atacada y desmantelada por la acción (legítima) del Estado, eso tiene repercusiones sobre todo el clima de opinión. En el caso alemán, la izquierda legal, institucional ya estaba totalmente incorporada al establecimiento político (incluso con gobiernos del Partido Social Demócrata) y no tenía ningún nexo ni ideológico ni, y esto es importante, histórico, con los Baader-Meinhoff. En Colombia, aunque la presencia política de las FARC se ha reducido muchísimo en los últimos años, me parece que ellas todavía conservan bases sociales que incluso pueden crecer. Las FARC no son una secta de jovencitos burgueses alienados que quieren meterle entusiasmo a la vida.
La segunda razón por la que soy escéptico a este respecto tiene que ver con lo que he discutido en días anteriores sobre los "poderes fácticos" solo que, en este caso, el poder fáctico sería el Ejército. Desde el 2003 he seguido con algo de detalle los eventos de la guerra de Iraq y, confieso, todavía hay muchas cosas que no entiendo. Pero sí me llamó muchísimo la atención como durante varios años el Ejército norteamericano, por el solo hecho de ser la presencia dominante en alguna zona, era capaz de dictar los términos del proceso político. Con el tiempo esto se ha ido debilitando y ya no es del todo claro hasta qué punto Estados Unidos controla los hechos en Iraq. Pero ha habido momentos en los que sí ha podido ejercer ese control, vetando primeros ministros (Jaafari), excluyendo sectores de la población del proceso político (Muqtada al-Sadr) y así sucesivamente. Todo esto prácticamente basado en su presencia militar.
¿Qué lección sacar de allí? Yo creo que lo que ocurre es que en un clima de contrainsurgencia, el ejército, por necesidad, asume el control de los nodos fundamentales de la vida política de una zona. Hay que andar patrullando, hay que estarle preguntando cosas a la población civil, hay que hacer brigadas "cívico-militares" para puestos de vacunación, para construír escuelas, en fin, labores que en tiempos de paz hace el establecimiento político, civil de la zona, pasan a ser controladas por el ejército. Mi tesis central al respecto es que ese mismo clima de contrainsurgencia es esencialmente antidemocrático y, por lo tanto, favorece al statu quo del momento.
Para poner un ejemplo: ¿será fácil organizar una huelga en medio de un operativo cívico-militar? ¿será fácil debatir si se debe construír un puente para el movimiento de tropas, o más bien una escuela? Nótese que estoy hablando de un ejército legalista. Pero, precisamente, a lo que voy es a que incluso en el mejor de los escenarios, la labor contrainsurgente militariza la sociedad en formas que afectan a los sectores disidentes.
No sé. Son dudas que me quedan a la hora de pensar en cuál es la mejor opción para la izquierda ante las FARC. Lamentablemente no he visto que se discutan en Colombia. Por esas mismas dudas es que sigo en el consenso de hace varios años: que aunque, obviamente, ningún gobierno puede dejar de combatir a las FARC, es importante tratar de llegar a un acuerdo político.
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